Economía
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El líder del régimen venezolano se negó a cualquier tipo de negociación para una transición de poder y aseguró que los crímenes en el país son culpa de Machado.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, descartó el viernes cualquier negociación con la líder opositora María Corina Machado, luego de comparecer ante la corte suprema a la que le pidió “certificar” su cuestionada reelección para un tercer período de seis años.
(Vea también: Maduro recibirá ‘salvoconductos’ para dejar poder en Venezuela, dice María Corina Machado)
Maduro fue el último candidato que concurrió ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de servir al chavismo. Otros ocho presidenciables, minoritarios, también respondieron al llamado, mientras que el principal opositor, Edmundo González Urrutia, que pelea su victoria, desacató la citación.
“Lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela será ley de la República, será santa sentencia”, dijo el líder del régimen a la prensa al salir de la audiencia.
Nicolás Maduro fue proclamado como presidente reelecto con el 52 % de los votos frente a un 43 % de González Urrutia, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) no publicó el detalle del escrutinio alegando un jaqueo al sistema de votación. Sin embargo, doce días después, sigue sin hacerlo.
La oposición denunció fraude y aseguró tener el 80 % de las actas, que demuestran, según ellos, la victoria de González Urrutia. De hecho, Machado propuso en su momento una “negociación para la transición democrática”, pero esta idea no la piensa el régimen.
Maduro descartó cualquier contacto con la líder opositora.
“El único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general. Que se entregue ante la justicia y dé la cara y responda por los crímenes que cometió. De verdad es la única negociación que cabe aquí”, dijo el gobernante de izquierda, que además la había tachado de “prófuga de la justicia”, sentenció.
Observadores internacionales, como el Centro Carter, coinciden en las proyecciones del triunfo opositor, mientras Estados Unidos —que reconoció la victoria de González Urrutia—, la Unión Europea —que pidió una “verificación independiente” del proceso y desconoció los resultados oficiales—, y países de América Latina como Brasil, México y Colombia exigen la publicación de las actas.
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