En 2024, Colombia volvió a ser el país más peligroso para los defensores del territorio

El año pasado, Latinoamérica fue nuevamente el continente más mortífero para los defensores del territorio y del medioambiente. Según el nuevo informe de la ONG Global Witness, 146 activistas fueron asesinados o asesinados en 2024 a nivel global. Y por tercer año consecutivo, Colombia es el país de mayor riesgo para los activistas.

Alberto Cortina, campesino mexicano, luchaba contra una granja porcícola contaminante en Veracruz. Julia Chuñil, mapuche chilena, defendía la tierra contra el avance de grandes empresas forestales.Juan López, por su parte, se oponía a una mina de hierro a cielo abierto en una reserva forestal en Honduras. Los tres activistas fueron asesinados o desaparecidos en 2024.  Forman parte de la lista de 146 activistas que pagaron con su vida su lucha por la defensa del territorio, de las tierras ancestrales o del medioambiente en 2024.

Entrevista con Laura Furones, autora principal del informe de Global Witness.

RFI: ¿Cuál es el panorama general de la violencia contra las personas defensoras del territorio?

Laura Furones: El informe nuestro que sale hoy documenta un total de 146 ataques que incluyen asesinatos y desapariciones de larga duración. Son cuatro desapariciones y los otros 142 son asesinatos de personas defensoras a nivel global en 2024, una cifra evidentemente muy alarmante que además no está equitativamente distribuida.

Hay países donde realmente estos ataques alcanzan una violencia verdaderamente preocupante. Hablamos de países como Colombia, Brasil, México, Filipinas. Por desgracia, la mayoría de los casos, el 82%, acontecen en Latinoamérica.

Este año tenemos cifras menores que el año pasado, pero esto no implica que las personas defensora gocen de climas menos violentos. Nuestro informe documenta la forma más extrema de violencia, pero evidentemente los defensores se ven expuestas a todo tipo de ataques que, aun siendo no letales, transforman a menudo para siempre sus vida. Hablamos de hostigamiento, amenazas, criminalización y violencia sexual.

RFI: La realidad de los defensores del territorio abarca realidades muy distintas. En la lista de los 146 asesinatos y desaparecidos, hay exguerrilleros colombianos movilizados, un ambientalista hondureño, Juan López, o líderes campesinos. ¿Cuál es el perfil de estos defensores?

Laura Furones: Nuestra definición de persona defensora es deliberadamente amplia precisamente para capturar toda esta diversidad de roles y realidades en los que están sumergidas las personas que realizan de una u otra forma una defensa del territorio, una defensa de los recursos.

Puede ser Julia Chuñil, que es esta lideresa mapuche chilena que llevaba años defendiendo los derechos ancestrales sobre los territorios de su comunidad mapuche. Fue desaparecida en noviembre de 2024 y todavía no ha sido encontrada.

Pero también una persona defensora puede ser una lideresa campesina, como es el caso de Jani Silva, una colombiana, cuyo caso también figura en el informe.

Jani lleva años teniendo que viajar con dos guardaespaldas en un vehículo blindado y con miedo por su vida todos los días, simplemente por haber tratado de proteger los territorios de su comunidad de intereses petroleros y del flagelo del narcotráfico.

Pueden ser pequeños pescadores en Filipinas, pueden ser personas que ni siquiera sean activistas. A veces tenemos que documentar casos de periodistas de abogados, de guardaparques, todas estas personas que de una u otra manera contribuyen a esta labor de protección del ambiente y del territorio.

RFI:  ¿Cuáles son los sectores económicos más interesados en estos casos?

Laura Furones : Por desgracia, nos resulta cada año muy complicado establecer esta relación de los ataques con intereses económicos, precisamente porque existe muy poca información y demasiada impunidad.

Ahora bien, en los casos en los que sí podemos establecer, es que hay industrias que salen muy, muy mal paradas. Este año hemos documentado a la  minería como la industria más relacionada con ataques a personas defensoras.

Esto también fue así el año pasado y no es la única involucrada en este tipo de ataques. También hablamos de industrias forestales, de agroindustrias, de proyectos hidroeléctricos, de industrias que tienen que ver con el desarrollo de infraestructuras, carreteras.

RFI: ¿Cómo explicar que Colombia concentre 48 de los 146 casos que recopila el informe?

Laura Furones: Sí, una cifra verdaderamente preocupante la de Colombia. Además, no estamos hablando de una excepción. La cifra es más baja que la del año pasado, pero todos los años, sin excepción desde que Global Witness documenta casos en 2012, Colombia tiene el deshonroso honor de quedar siempre entre los primeros puestos.

Colombia arrastra una historia compleja, una historia violenta que no ayuda en nada. Además, hoy en día estamos viendo unas batallas feroces por el control territorial, por un lado, por parte de estos intereses empresariales de los que hablábamos antes, pero tambié, no se puede negar, por la presencia del narcotráfico que también está ejerciendo un control férreo sobre los territorios, territorios que muchas veces pertenecen a organizaciones campesinas, a pueblos indígenas.