¿Agentes de migración en EE. UU. pueden pedir datos de inquilinos a propietarios de casas?

En Estados Unidos, el tema de la inmigración es un asunto complejo que da pie a múltiples preguntas, especialmente en lo que respecta a las interacciones entre las autoridades migratorias y los ciudadanos privados, como los propietarios de viviendas.

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Una duda recurrente es si los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pueden exigir a los propietarios que proporcionen información sobre el estatus migratorio de sus inquilinos.

En términos generales, los propietarios de viviendas en Estados Unidos no están obligados a recopilar ni divulgar información sobre el estatus migratorio de sus inquilinos.

Según la ley federal de inmigración, los propietarios no actúan como agentes del gobierno ni tienen la obligación de verificar el estatus migratorio de las personas a las que alquilan, a diferencia de los empleadores, quienes deben completar el formulario I-9 para verificar la elegibilidad de empleo de sus trabajadores, conforme lo establece la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 (IRCA).

Sin embargo, los agentes de ICE pueden solicitar información a los propietarios en circunstancias específicas. Por ejemplo, si cuentan con una orden judicial o una citación administrativa válida, un propietario podría estar legalmente obligado a proporcionar datos como nombres, fechas de nacimiento o documentos relacionados con los inquilinos.

Estas órdenes suelen emitirse en el marco de investigaciones criminales, como casos de tráfico humano, actividades ilegales o violaciones graves de las leyes migratorias. Sin una orden judicial, los propietarios no están obligados a cooperar con ICE, y cualquier solicitud de información debe ser revisada cuidadosamente.

¿Qué riesgos legales existen si no se da información a ICE?

Aunque los propietarios no están obligados a compartir información sin una orden judicial, algunos podrían optar por cooperar voluntariamente con las autoridades migratorias. Sin embargo, esta decisión puede tener consecuencias legales y éticas.

Por ejemplo, divulgar información personal de los inquilinos sin su consentimiento o sin una base legal podría violar las leyes estatales de privacidad o la Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act), que prohíbe la discriminación en la vivienda por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o estado familiar.

Compartir datos sobre el estatus migratorio de un inquilino podría interpretarse como una práctica discriminatoria, especialmente si se basa en el origen nacional o la apariencia de la persona.

Además, en algunos estados y ciudades con políticas de “santuario”, como California, Nueva York o Chicago, existen leyes que limitan la cooperación entre entidades privadas o públicas y las autoridades migratorias.

Por ejemplo, la Ley de Valores de California (SB 54) prohíbe a las entidades compartir información no pública con ICE, salvo en casos de órdenes judiciales o investigaciones criminales específicas. Estas leyes buscan proteger a las comunidades de inmigrantes y garantizar que los inquilinos no sean blanco de discriminación o acoso.

¿Qué derechos tienen los inquilinos?

Los inquilinos en Estados Unidos tienen derechos protegidos bajo las leyes de vivienda, que incluyen el derecho a la privacidad. Los propietarios que compartan información personal sin una orden judicial podrían enfrentar demandas por violar estos derechos.

Además, cualquier intento de exigir información sobre el estatus migratorio al momento de alquilar una vivienda podría interpretarse como una práctica discriminatoria, lo que podría resultar en sanciones civiles o penales para el propietario.

Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han enfatizado que los inquilinos no están obligados a responder preguntas sobre su estatus migratorio, y los propietarios deben abstenerse de hacer este tipo de interrogatorios.

La ACLU recomienda a los inquilinos conocer sus derechos y, en caso de contacto con agentes de ICE, exigir la presencia de un abogado antes de proporcionar cualquier información.