Un mes de protestas indígenas en Ecuador: de la reivindicación socioeconómica al choque político

Las manifestaciones convocadas por la Conaie, un organismo de representación de los pueblos indígenas de Ecuador, mantienen en vilo desde hace un mes al país andino tras la eliminación del subsidio al diésel. La tensión se agrava con un referendo en noviembre que puede redefinir el futuro político y constitucional del país.

Las manifestaciones convocadas por la Conaie, un organismo de representación de los pueblos indígenas de Ecuador, mantienen en vilo desde hace un mes al país andino tras la eliminación del subsidio al diésel. La tensión se agrava con un referendo en noviembre que puede redefinir el futuro político y constitucional del país.

Cumple un mes la última crisis social en Ecuador. Desde el 22 de septiembre, la nación dirigida por Daniel Noboa experimenta un estallido marcado por protestas masivas y un paro nacional convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Si bien el detonante fue la eliminación del subsidio al diésel, que disparó el precio del combustible y generó un rechazo inmediato, se suman exigencias económicas y políticas más amplias: la reducción del IVA, la liberación de manifestantes presos y el rechazo al referendo convocado por el presidente Noboa en noviembre.

Un subsidio emblemático

Las protestas se iniciaron tras el decreto presidencial que eliminó el subsidio al diésel, aumentando su precio de 1,80 a cerca de 2,80 dólares por galón. Esta medida, exigida por el Fondo Monetario Internacional como parte de ajustes fiscales, puso fin a años de precios congelados para los combustibles más consumidos en Ecuador.

Históricamente, los subsidios a los combustibles fueron un tema sensible y motivo de grandes estallidos sociales. En 2019 y 2022, también bajo la convocatoria de la Conaie, las protestas obligaron a los gobiernos de entonces a retroceder en sus intentos de eliminar dichos subsidios.

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Las manifestaciones actuales fueron particularmente fuertes en la provincia andina de Imbabura, donde se bloquearon carreteras y aislado la región, afectando sectores clave como transporte, agricultura y turismo.

En paralelo, se registran movilizaciones más dispersas en provincias como Azuay, Loja, Chimborazo y Pichincha, donde la capital Quito limitó la entrada de manifestantes para evitar concentraciones masivas. Estas tácticas gubernamentales impidieron por el momento que la protesta alcance la intensidad de años anteriores en la capital.

Una lucha con tinte político

Más allá del rechazo al aumento del diésel, la Conaie tiene otras demandas: la restitución del IVA al 12 % tras el aumento al 15 % impulsado por Noboa, el incremento del salario mínimo de 470 a 650 dólares y la liberación de manifestantes detenidos.

Entre dichos detenidos, muchos lo están bajo cargos de “terrorismo”. Entre ellos destacan los llamados “doce de Otavalo“, detenidos tras un ataque a un cuartel policial el primer día de protestas, quienes enfrentan prisión preventiva y son considerados por sus comunidades como “rehenes del Gobierno”.

La Conaie también rechaza el referendo convocado para el 16 de noviembre, que contempla la posibilidad de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna, una apuesta política central de Noboa que enfrenta oposición de los pueblos indígenas.

En este contexto, la vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, denunció la falta de voluntad gubernamental para el diálogo, al señalar que los dirigentes indígenas no fueron formalmente convocados a negociar, y criticó la criminalización de la protesta social.

Reacción estatal

El gobierno de Daniel Noboa respondió con mano dura: declaró estado de excepción en las zonas más afectadas, desplegó fuerzas policiales y militares para despejar bloqueos y reprimió duramente las manifestaciones. En este contexto, se cerró a cualquier posibilidad de diálogo con los dirigentes indígenas.

Además, el Ejecutivo calificó a los manifestantes como “terroristas”, un término cuestionado por organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, que alertan sobre el uso excesivo de la fuerza y la estigmatización de las protestas.

Hasta ahora, dos manifestantes murieron por disparos atribuidos al Ejército, cerca de 300 personas resultaron heridas y más de 200 fueron detenidas, incluyendo varios con prisión preventiva.

Las afectaciones económicas en Imbabura superan los 50 millones de dólares, con impacto en transporte, agricultura y turismo, mientras que la tensión se agrava por el ataque con piedras a la caravana presidencial, que el gobierno de Noboa interpretó como un presunto “intento de asesinato”. 

Con EFE