Bogotá
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El alto tribunal constitucional no pasó los vicios con los que fue aprobada, por lo que para las presentes elecciones seguirán vigentes las reglas anteriores.
La principal objeción por la que 6 de 9 magistrados votaron para tumbar la reforma al código electoral aprobada en el Congreso es que, al ser un proyecto de ley estatutaria, no podía ser aprobado en sesiones extraordinarias, como efectivamente sucedió.
Así lo informa El Colombiano, detallando que el debate por fin se llevó a cabo después de que se descartaran los impedimentos de sus colegas Alejandro Linares, Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo.
Sin embargo, la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez buscaba mantener las reformas, agregó El Espectador, por lo que la votación en realidad negó su iniciativa.
Además, La Silla Vacía detalla que otra de las normas que no se contempló es que ese tipo de reformas deben discutirse en el Congreso de manera presencial.
Aunque no habría mayores cambios en lo práctico, La Silla detalla que sus principales intenciones se centraban en puntos como la paridad de género, estableciendo listas de candidatos compuestas “50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres”.
Sobre encuestas, establecía que debían estar aprobadas por el Consejo Nacional Electoral para poder ser publicadas, y no al contrario, como ahora. Por otro lado, “el Consejo Nacional Electoral ya no podía rechazar la inscripción de candidatos que en el pasado hayan sido sancionados con fallos de la Procuraduría o la Contraloría”, prosigue la publicación.
Quizá uno de los más claves para Vega era que “creaba más de mil cargos nuevos, entre registradores municipales, delegados y especiales“, según el informativo.
Además, “la reforma le abría las puertas al registrador Vega para tener el control total, y no solo electoral como es hasta ahora, de la identificación y autenticación de todos los datos biométricos de los colombianos”, concluía ese medio.
Por si fuera poco, este mismo jueves el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular que busca que se suspenda al registrador Alexander Vega de su cargo por “constantes y sistemáticas irregularidades durante los comicios del 13 de marzo”, según informó Semana.
Las dudas apuntan principalmente a la transparencia de la recolección de la información electoral y la presentación de los resultados, que con el posterior escrutinio terminaron siendo muy distintos. Además, se cuestiona su viaje a España para reunirse con dirigentes de la empresa Indra, encargada de la digitalización de los resultados, añade la revista.
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