Bogotá
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Así lo dio a conocer la Superintendencia de Industria y Comercio este jueves, que acusa a la compañía de publicidad engañosa.
La SIC informó que verificará si Partners Telecom Colombia S.A.S., empresa dueña de WOM Colombia, indujo a un error a los consumidores al suministrar información presuntamente carente de claridad, veracidad, suficiencia, verificabilidad, comprensibilidad y precisión sobre la naturaleza, características e identidad de “CLAVOSTAR”, mediante el uso de afirmaciones que podrían generar la idea de que en realidad se trata de un nuevo operador que prestará servicios de telecomunicaciones.
En el comunicado enviado a medios, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que la investigación administrativa que abrió contra los dueños de WOM, que este miércoles trolearon a Claro, deberá concluir si se dio una violación o no a las normas de protección al consumidor.
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Lo anterior, “al realizar afirmaciones en el marco de una estrategia publicitaria con las que podría generar error o engaño en los consumidores sobre la entrada en operación de un operador inexistente y el servicio que el mismo podría prestar”, describe la SIC.
Según el ente regulador, algunas de las afirmaciones que difundió la empresa a los consumidores son:
La SIC, además, señala en su decisión que, en el marco de una indagación preliminar, evidenció que la empresa investigada empleó periódicos de circulación nacional para realizar publicidad denominada: “CLAVOSTAR Nosotros primero siempre PROMO DEL AÑO SÚPER LIMITADA PORQUE NOS LLEGÓ COMPETENCIA (…)”.
Según la SIC, con esta pauta, al parecer, “incurrió en publicidad engañosa, toda vez que el mensaje transmitido presuntamente no correspondió a la realidad y pudo ocasionar que los consumidores fueran inducidos en confusión respecto de las condiciones de la prestación del servicio anunciado y la naturaleza del anunciante”.
Ante la decisión, Partners Telecom Colombia S.A.S. no tiene ningún recurso. Si se confirman los cargos mencionados, la empresa deberá pagar multas hasta de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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