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La nueva norma fiscal afecta la compra y venta de vivienda, al aumentar la autorretención en actividades inmobiliarias y reducir beneficios en transacciones.
Una nueva medida tributaria tiene en alerta al sector inmobiliario en Colombia. Hace apenas unos días, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0572, que modifica las tarifas de retención en la fuente con el propósito de anticipar el recaudo del impuesto sobre la renta correspondiente al año 2026.
(Vea también: Batacazo para compra de vivienda en Colombia en mayo de 2025: aviso por valorización y más)
Esta decisión se tomó en medio de los esfuerzos para enfrentar el déficit fiscal, que ronda el 7 % del PIB. El Ministerio de Hacienda explicó que con este decreto espera recaudar cerca de 7 billones de pesos, lo que equivale al 0,4 % del PIB nacional. Sin embargo, este ajuste ya empieza a despertar preocupación entre quienes compran y venden vivienda en el país.
La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) analizó los impactos que podría tener el decreto en el sector y en el bolsillo de los colombianos. El gremio advirtió que se verían afectados los procesos de compraventa de bienes inmuebles y las actividades de corretaje, ya que el decreto modifica las tarifas de autorretención aplicables a estas operaciones económicas.
Esa misma entidad solicitó la revocatoria de la norma, respaldada por empresarios y expertos en temas tributarios. La federación considera que la combinación del incremento en la tarifa de autorretención y la reducción del umbral exento de retención en ventas de vivienda supone una amenaza seria para el dinamismo del sector.
A partir del primero de junio, la carga tributaria anticipada aumentó. La tarifa de autorretención en la fuente para actividades inmobiliarias, clasificadas en el código CIIU 6820, pasó de 1,1 % al 3,5 %. Este ajuste representa un cambio significativo para quienes participan en operaciones de bienes raíces.
Además de una posible ralentización en el mercado de vivienda, los expertos prevén un incremento en la retención de operaciones entre particulares. También se espera una mayor carga operativa para notarías y fiduciarias, lo cual podría complicar aún más el panorama para los actores del sector.
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