Más de 100.000 personas, en alerta por medida que prepara Petro: se quedarían sin empleo

Este lunes se conoció de la existencia de un proyecto de ley de régimen sancionatorio que viene alistando la Superintendencia de Transporte. Su objetivo sería acabar de tajo con las plataformas que ofrecen el servicio de transporte (Uber, DiDi e InDriver), y se presentaría pronto al Congreso de la República.

(Lea también: La millonaria multa que les pondrían a los usuarios de Uber y otras ‘apps’ en Colombia)

Argumentando que esas aplicaciones “atentan de manera directa contra la eficiente prestación del servicio de transporte público esencial y configuran una competencia desleal”, la entidad busca bloquearlas en internet con procedimientos administrativos, inmovilizaciones a los vehículos por un término de entre 1 y 3 meses.

Además, propone multas de más de 10 millones de pesos para los ciudadanos que usen estas plataformas, entre otras sanciones. Desde todo punto de vista, la medida resulta polémica y, mientras los taxistas celebran, los conductores de aplicaciones sufren.

Más de 100.000 personas quedarían sin empleo por ley

De acuerdo con Alianza In, más de 100 mil conductores se quedarían sin una fuente de ingresos por el proyecto que construyó el Gobierno de Gustavo Petro.

(Lea también: Conozca cómo saber cuál es su fondo de pensión, categoría del Sisbén, EPS y más)

Según un estudio de Fedesarrollo, de esos 100.000 conductores, el 44% considera que quedaría completamente desocupado, el 32% tendría otro trabajo independiente y solo el 14 % cree que podría acceder a un empleo formal.

“Las plataformas digitales de economía colaborativa hoy ocupan el 0,7 % de la población económicamente activa y generan el 0.23 % del PIB. Todo esto sería borrado de un plumazo por esta contrarreforma social”, criticó el gremio.

El director ejecutivo de la asociación, José Daniel López, reiteró la voluntad que tiene el gremio de participar en la construcción de reglas de juego claras que protejan el trabajo de más de 100.000 personas que lleva el sustento a su casa gracias a las aplicaciones de transporte.

“Coincidimos en la importancia de un régimen administrativo sancionatorio sobre los servicios de movilidad que se prestan a través de las plataformas digitales, pero esto solo es concebible en el marco de una reglamentación amplia y suficiente de esta nueva realidad social y económica”, señaló.