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Los propietarios de los locales en los que funcionó la cadena de supermercados enfrentan un verdadero viacrucis por las millonarias sumas que les deben.
Este lunes la Superintendencia de Sociedades les advirtió a los fondos inversores que pretenden salvar a Justo & Bueno que se les acabó el tiempo para presentar una propuesta. Por tanto, si esta semana no se conoce una, el proceso de liquidación seguirá adelante.
Según comentó el superintendente Billy Escobar en El Tiempo, en los próximos días se debe decidir el futuro de la cadena de supermercados, ya sea para llevar a cabo una reorganización o para continuar con su liquidación.
(Lea también: Justo & Bueno se ilusiona: está lista la propuesta para salvar la cadena de tiendas)
“El liquidador ya les solicitó a los interesados, que están sobre el tiempo, que en el transcurso de esta semana presenten una propuesta concreta y él decidirá si hay o no una opción de aplicar esa fórmula de salvamento. En eso están, pero esta semana quedará claro si es viable o no alguna negociación que permita recoger algunos activos para salvar la compañía”, declaró.
Mientras algunos dueños de locales hacen fuerza para que se acepte la reorganización, otros propietarios señalaron que se les adeudan sumas tan grandes que prefieren que se liquide a Justo & Bueno y les sean entregados sus locales. Esa posición complica la eventual reorganización, pues debe haber consenso para que sea aceptada por la Superintendencia.
Uno de los propietarios de los locales declaró en Noticias Caracol que es tanto el estrés que le ha causado la disputa con la cadena de supermercados que ha tenido que acudir a ayuda médica.
“Yo por lo menos llevo cinco meses en tratamiento médico porque esto me tiene mal psicológicamente. Imagínese trabajar durante tantos años para hacer un capital y venir a perderlo así”, dijo Ómar Pérez, a quien le deben 200 millones de pesos por concepto de arriendos.
Asimismo, Paula Michella Gómez, otra de las arrendadoras, manifestó en el noticiero que no creen en la propuesta de salvamento y lo que quieren es tener plena potestad de los inmuebles para empezar a recuperar el dinero que, según dicen, ya se perdió.
“No es el término jurídico, pero están secuestrados nuestros inmuebles en un proceso judicial que no le ha dado cabida a los afectados. En mi caso, que son dos inmuebles, nos deben casi 400 millones de pesos”, expresó.
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