Frenan a reconocida empresa que captaba plata de los colombianos: muchos se vieron afectados

La Superintendencia de Sociedades ordenó, mediante la Resolución 900-007287 del 4 de julio de 2025, la suspensión de actividades de las sociedades VSF Factor y Nanotecnología Ambiental de Colombia BIC, así como de sus representantes legales: Javier Ricardo Escandón Santos, Diana Paola Ruiz García y Jesús David Forero Gómez.

La medida se tomó tras determinar que VSF captaba ilegalmente dineros del público mediante contratos de ‘factoring’ que no cumplían con la naturaleza real de esta figura.

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En lugar de realizar operaciones de compra de facturas o títulos valores, la sociedad recibía recursos del público a cambio de pagarés emitidos por ellos mismos, prometiendo devolver el dinero más una utilidad.

Esta práctica derivó en un pasivo cercano a los 4.225 millones de pesos, afectando aproximadamente a 80 personas.

La Superintendencia recordó que su función, conforme al Decreto Legislativo 4334 de 2008, es proteger el interés público y los derechos de los depositantes. Por ello, además de suspender la captación no autorizada, iniciará un proceso de intervención judicial para devolver los recursos a los afectados.

El Superintendente Billy Escobar advirtió que, aunque el ‘factoring’ es legal, no puede usarse para encubrir actividades prohibidas de captación de dineros.

Por qué es ilegal captar dinero sin permiso en Colombia

En Colombia, la captación de dinero del público sin autorización es ilegal porque atenta directamente contra la confianza pública, la estabilidad del sistema financiero y el orden económico del país. La ley establece que solo las entidades vigiladas y autorizadas por organismos como la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Economía Solidaria pueden captar recursos de terceros para administrarlos o destinarlos a actividades financieras.

Esto responde a la necesidad de proteger a los ahorradores e inversionistas, quienes depositan su dinero esperando que se maneje con criterios de transparencia, solvencia y responsabilidad. Cuando una persona natural o jurídica decide captar recursos sin contar con la debida licencia, no está sometida a controles regulatorios, auditorías ni obligaciones de información que garanticen el correcto uso de esos fondos, lo que genera un alto riesgo de fraudes, estafas o incluso esquemas piramidales.

La ilegalidad de captar dinero sin permiso también se fundamenta en la Ley 190 de 1995 y el Decreto Legislativo 4334 de 2008, normas que otorgan facultades especiales a la Superintendencia de Sociedades y a otras autoridades para intervenir de manera rápida en casos de captación masiva e ilegal.

Esto se debe a que históricamente, en Colombia han ocurrido múltiples casos de captadoras informales que ofrecían intereses muy superiores a los del mercado para atraer incautos, pero que al final terminaban colapsando, dejando pérdidas millonarias y afectando a miles de familias. Estas prácticas ilegales distorsionan el funcionamiento del mercado financiero, pues captan recursos de manera riesgosa y luego los destinan a fines desconocidos, sin que exista garantía de devolución para los depositantes.

Además, la captación ilegal compromete gravemente el orden social y el interés público. En la práctica, el dinero de muchas personas puede quedar en manos de empresas o personas que ni siquiera cuentan con el respaldo patrimonial mínimo ni la experiencia necesaria para administrarlo, aumentando así el riesgo de insolvencia.

Para evitar esto, las autoridades financieras imponen requisitos de capital mínimo, reservas obligatorias y procedimientos de auditoría, que son precisamente los que evaden quienes captan sin permiso. Por esta razón, la ley castiga severamente la captación no autorizada, incluso con sanciones penales, para desincentivar estas prácticas que ponen en peligro los ahorros de los colombianos y afectan la credibilidad de todo el sistema financiero. En síntesis, captar dinero del público sin autorización es ilegal porque vulnera la confianza, desprotege al ahorrador y puede derivar en graves consecuencias económicas y sociales.