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Glencore buscaba 575 millones de dólares "por daños y perjuicios" ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Asimismo, solicitaba la devolución de 19,1 millones de dólares que el Grupo Prodeco, que comprende las operaciones de la multinacional suiza en el país, había pagado a Colombia por el fallo de “responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República” en enero de 2016.
Ese fallo fue interpuesto a Prodeco por el presunto detrimento patrimonial causado al Estado tras la negociación y suscripción del otrosí de un contrato de concesión que según la agencia “modificaba injustificadamente” a su favor “el sistema de cálculo de las regalías para la explotación de carbón” en una mina de la región Caribe.
La multinacional también pedía al tribunal que ordenara a Colombia “abstenerse de iniciar nuevos procedimientos en la Contraloría y desistir del procedimiento de nulidad” del otrosí. No obstante, el tribunal arbitral del CIADI sólo ordenó la devolución de los 19,1 millones de dólares y desestimó los demás reclamos.
“La efectividad de la estrategia de defensa jurídica del Estado redujo en un 97 % las pretensiones económicas reclamadas por Glencore. La defensa estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la firma Dechert LLP”, agregó esa institución en un comunicado.
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Según el Tribunal, la medida tomada por la Contraloría se realizó “con estricto apego a la ley y al debido proceso”, aunque cuestionó el cálculo que realizó esa entidad para determinar el detrimento patrimonial, por lo que ordenó la devolución de parte del monto pagado.
“Los abogados de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se encuentran leyendo el laudo de más de 340 páginas y analizando posibles recursos”, concluyó por su parte la entidad estatal.
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