Alpina frenó señalamientos del Gobierno y negó pacto con sus trabajadores

El gobierno de Gustavo Petro abrió investigación y formuló pliego de cargos contra Alpina por presuntamente promover pactos colectivos en su organización, en medio de un caso relacionado con sindicatos.

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La decisión fue tomada por la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio del Trabajo, que indicó que esta conducta se viene presentando desde hace varios años.

Según la entidad, Alpina ha promovido un pacto colectivo con sus trabajadores no sindicalizados y presuntamente ha atentado contra el derecho de asociación sindical.

Así las cosas, el gobierno Petro le formuló tres cargos relacionados con violación a normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, normas del Código Sustantivo del Trabajo y por supuestamente afectar derechos de sindicatos.

Investigación y cargos contra Alpina: pactos colectivos y sindicatos

El inspector de trabajo que realizó la investigación consideró que el pacto colectivo en Alpina no habría cumplido los presupuestos legales.

Entre estos, la presentación del pliego respectivo, la elección libre de negociadores ante la compañía y la suscripción de un acuerdo y el posterior depósito.

De comprobarse los hechos, la compañía podría ser multada por hasta 5.000 salarios mínimos, equivalentes a unos $ 6.500 millones.

Sumado a lo anterior, indicó que la conducta sería contraria a normas constitucionales y legales en el caso de sindicatos, por lo cual compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, Alpina respondió que aún no hay decisiones en firme de parte del MinTrabajo, al tiempo que indicó que utilizará los recursos legales y la información con la que cuentan para enfrentar las pesquisas.

En todo caso, la compañía fue enfática en que “no ha incurrido en las conductas por las que se dio apertura al proceso”.

Y cerró diciendo: “Alpina es absolutamente respetuosa de los derechos sindicales y de asociación”.

Nuevo llamado del MinTrabajo por casos de sindicatos

El viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, consideró como acertada la decisión e invitó a todos los inspectores del país a iniciar de oficio o a petición de las organizaciones sindicales, las investigaciones pertinentes.

También hizo un llamado a los sindicatos a promover las respectivas denuncias, con soportes necesarios y a atender los requerimientos de los inspectores que adelanten las respectivas investigaciones.

Desde 2003, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le ha solicitado a Colombia que cumpla las obligaciones convencionales y prohíba la existencia de los pactos colectivos en empresas privadas donde haya sindicatos.

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Finalmente, el gobierno Petro anotó que, en su concepto, el problema de los pactos colectivos “no solo es la violación de normas internacionales del trabajo, sino que es la realidad que viven los trabajadores sindicalizados”.

“Los pactos han sido usados para evitar el nacimiento de un sindicato, impedir el crecimiento de uno existente o su erradicación, buscando la deserción de los afiliados y afiliadas”, anotó el Ministerio.