Alertan a colombianos que andan endeudados: nueva movida podría afectarlos duramente

La Ley 2540 de 2025, recientemente sancionada en Colombia, introduce cambios significativos en los procesos de cobro de deudas, buscando mayor agilidad en la ejecución de embargos.

Tradicionalmente, los jueces de la República tenían la competencia exclusiva para ordenar estas medidas, lo que generaba retrasos de meses o incluso años en los procesos, afectando a los acreedores que buscaban recuperar su dinero.

Con la nueva norma, se implementa la figura del “arbitraje ejecutivo”, que permitirá a los árbitros tomar decisiones sobre embargos de forma directa, sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria, reduciendo así los tiempos de espera.

No obstante, la aplicación de esta medida dependerá de que en los contratos de adquisición de deudas se incluya una cláusula que habilite expresamente el uso del arbitraje en caso de incumplimiento.

Esto significa que, si un deudor deja de pagar, el acreedor podrá solicitar el embargo de bienes ante un tribunal arbitral, logrando una recuperación más rápida.

La norma entrará en vigencia el 27 de febrero de 2026. Por ello, se recomienda a ciudadanos y empresas leer con detenimiento los documentos que firman, para comprender si sus obligaciones contractuales quedan sujetas a este mecanismo.

Por qué se embargan cuentas a morosos en Colombia

En Colombia las cuentas bancarias de los morosos pueden ser embargadas porque la ley considera que el pago de impuestos, créditos y obligaciones financieras es un deber esencial para garantizar la estabilidad del sistema económico.

Cuando una persona o empresa no cumple con sus compromisos, los acreedores —ya sean bancos, entidades financieras o incluso el Estado— tienen el derecho de acudir a mecanismos legales para recuperar lo que se les adeuda.

El embargo de cuentas bancarias se convierte entonces en una herramienta eficaz, pues permite retener de manera directa el dinero del deudor y aplicarlo al pago de las obligaciones pendientes, evitando dilaciones o evasiones.

El proceso se da porque, en muchos casos, los deudores retrasan intencionalmente sus pagos o simplemente dejan de cumplir, lo que genera pérdidas a quienes confiaron en ellos.

Con el embargo se busca equilibrar la relación, garantizando que el acreedor no cargue con el perjuicio de la mora.

Además, al tratarse de una medida coactiva, también funciona como un incentivo para que los ciudadanos cumplan a tiempo, ya que las consecuencias incluyen la retención inmediata de recursos, la afectación del historial crediticio y, en algunos casos, la pérdida de bienes adicionales si la deuda no se cubre por completo.