ministerio de defensa

Solo en el último año, se incautaron más de 15.700 armas relacionadas con casos delictivos.

De las 15.700 armas de fuego incautadas este año, más de 14.000 estaban asociadas a delitos.

Según datos oficiales, en 2025 fueron decomisadas más de 15 mil armas vinculadas al crimen organizado.

La nueva directriz, firmada el 6 de junio, reactiva permisos sujetos a verificación por autoridades militares.

El Gobierno reporta que más de 15.700 armas han sido incautadas este año, la mayoría en hechos delictivos.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, 15.700 armas ilegales fueron incautadas hasta septiembre.

De enero a septiembre se incautaron 15.700 armas, la mayoría involucradas en delitos recientes.

La medida busca reforzar el control estatal del armamento legal, tras la incautación récord de armas ilícitas.

La Fuerza Pública decomisó 15.700 armas ilegales entre enero y septiembre, según cifras oficiales.

Entre enero y septiembre, la Fuerza Pública confiscó más de 15.700 armas asociadas a hechos delictivos.

El contrato fue firmado el 31 de diciembre de 2024 y generó un anticipo de más de 69.000 millones de pesos.

Eliminan la doble autorización para portar armas de fuego, respetando controles y permisos preexistentes.

Entre enero y septiembre, la Fuerza Pública incautó más de 15.700 armas ilegales en todo el país.

Pedro Sánchez aseguró que la operación fue fruto de varios meses de seguimientos de inteligencia llevados a cabo durante su paso por la cartera de Defensa.

La orden judicial dictada el 3 de septiembre de 2026 impacta los operativos militares mientras se tramita la tutela.

El despacho fijó un plazo de 48 horas para que las entidades detallaran sus protocolos de verificación.

La medida se mantendrá vigente mientras la tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez se resuelve.

La orden se dictó tras una tutela que exige priorizar la protección integral de la niñez reclutada.

La magistratura local ordenó a varias entidades entregar en 48 horas detalles sobre sus protocolos preventivos.

La medida regirá hasta que se resuelva la tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez en 2026.

La nueva directriz afecta únicamente a operaciones aéreas en Guaviare y exige reportes oficiales en 48 horas.

La orden obliga a las autoridades a detallar, en un plazo de 48 horas, los protocolos actuales para proteger a la infancia.

La instrucción judicial, emitida el 3 de septiembre de 2026, implica reportes especiales de protección infantil.

La decisión, adoptada el 3 de septiembre de 2026, responde a una tutela que prioriza la protección de menores reclutados.

Las autoridades instalaron dos nuevos centros de coordinación y refuerzo judicial en respuesta a la crisis.

Una fuente humana entregó datos que fueron cruzados con inteligencia de Colombia y Estados Unidos hasta establecer el lugar donde estaba el cabecilla.

La operación en La Guajira dejó sin liderazgo a una estructura delictiva activa desde 2019 en el Caribe.

La instrucción judicial fue emitida tras recientes enfrentamientos en Guaviare y Catatumbo.

La decisión, adoptada el 3 de septiembre de 2026, responde a reportes recientes en Catatumbo y Guaviare.

La inversión de Tecnoglass y otras siete compañías suma 858 millones COP y carece de convenio oficial.

La ofensiva militar acumula tres operativos recientes y ha generado reacciones de organismos humanitarios.

El bombardeo forma parte de la más reciente estrategia militar lanzada desde el inicio del nuevo gobierno.

Entre los nombramientos, destacan trayectorias de más de tres décadas en inteligencia y operaciones militares.

La Fiscalía señala que en el acuerdo participaron funcionarios y contratistas de alto nivel, modificando condiciones legales y financieras.

El retiro de elementos fue supervisado por seis entidades distritales y la familia del joven fallecido.

El ministro de Defensa reveló unas preocupantes cifras acerca de los aviones averiados y sin seguro que se están manejando actualmente.

La utilización de drones en ataques armados dentro de Tolima alerta sobre riesgos crecientes para comunidades rurales.

El hecho involucra a miembros del Grupo Investigativo Contra el Terrorismo, especializado en la región.

Entre el 26 de julio y el 15 de agosto se realizaron 211 descargas de agua y 260 uniformados fueron desplegados.