corte suprema de justicia

El traslado del caso a la Sala Especial de Primera Instancia marca el inicio formal del juicio penal.

El fallo definitivo se basa en la ausencia de intencionalidad dolosa, tras años de litigio en el caso.

La compensación sería en un solo pago y tendría en cuenta la diferencia entre la mesada actual y la que la persona habría podido recibir en Colpensiones.

La iniciativa superó el primer debate en el Senado tras obtener 10 votos de partidos de distintas bancadas.

Pese a la decisión de la Corte, la defensa de Cadena aún impulsa recursos como la insistencia y la impugnación.

El castigo judicial se suma a la suspensión de su actividad profesional hasta cumplir la pena impuesta.

El viernes 30 de octubre será clave para el proceso judicial, que involucra a figuras del ámbito político local.

El trámite legislativo prevé ocho debates restantes y un recorte presupuestal de COP 100.000 millones.

La decisión judicial implica un pago millonario a la familia de la víctima y un punto final al litigio.

La investigación involucra hechos ocurridos entre 2014 y 2018 y abarca a varios funcionarios públicos.

El caso salió flote después de que la mencionada mujer afirmó en entrevista que recibió pago de servicios íntimos por medio de contratación estatal.

La diligencia contará con la declaración de exjefes paramilitares citados para el 12 de noviembre.

La Defensoría, la Fiscalía y otras entidades ya han adoptado medidas urgentes tras las recientes revelaciones.

La citación judicial busca recabar testimonios sobre supuestas anomalías durante la pasada administración.

La iniciativa se discute en el marco de un debate nacional por los límites al alcance del control judicial.

El alto tribunal también ordenó la captura del exmagistrado, tras hechos ocurridos en Bogotá en 2014.

La Corte Suprema confirmó en octubre de 2023 la sentencia contra Bustos por su rol en el cartel de la toga.

En 2021, la Secretaría de Infraestructura advirtió restricciones ambientales sobre el predio adquirido.

En septiembre de 2016, su reelección como procurador fue objeto de una sentencia del Consejo de Estado.

Entre los sancionados figuran excongresistas y exalcaldes investigados por corrupción y procesos judiciales.

En menos de un año, la condena por el asesinato de Jaime Esteban Moreno marca un hito judicial reciente.

La compulsa de copias se originó tras las revelaciones de la viuda en una reciente entrevista televisiva.

El documento resalta la urgencia de adaptar el proyecto a estándares internacionales y salvaguardas judiciales.

La Corte Suprema confirmó que la ARL debe reconocer un accidente laboral ocurrido antes de iniciar la jornada, incluso fuera del trabajo, si está relacionado.

El fallo se conoce tras años de investigaciones y revela el alcance de las redes de corrupción judicial.

El fallo incluye una inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos y una orden de captura inmediata.

La confesión implica a 145 víctimas y afecta gravemente a pueblos indígenas entre 1999 y 2005 en Cesar.

El fallo de la Corte Suprema, expedido en septiembre de 2026, genera precedente en protección laboral a mujeres gestantes.

La absolución fue adoptada por la Sala Penal el 16 de septiembre de 2026, con ponencia de Fernando Bolaños Palacios.

El decreto firmado el 13 de octubre reconfiguró los protocolos policiales en manifestaciones recientes.

Durante una audiencia celebrada este jueves, la Corte Suprema confirmó la condena y pidió su extradición.

La creación de la Unidad Nacional Antidisturbios marca un giro normativo tras la vigencia de la Undmo.

De acuerdo con el Inpec, ambos permanecieron detenidos desde mayo en medio de un proceso judicial vigente.

La investigación inició tras las denuncias del exfiscal Luis Gustavo Moreno en agosto de 2017.

Tras dejar la Corte Suprema, Lombana asume la tarea de liderar políticas de transparencia en el Ejecutivo.

La norma entró en vigencia el 13 de octubre, en vísperas de marchas convocadas para el día siguiente.

El nuevo decreto será implementado mientras sindicatos y figuras políticas respaldan las movilizaciones.

La diligencia judicial inició con la intervención de Marlene Orjuela, fiscal ante la Corte Suprema, y defensa técnica.

La decisión se produce tras un fallo judicial clave y varios cambios recientes en la dirección académica.