La orden estaba vigente desde 2014, pero en las últimas horas el despacho dio vía libre al trámite de embargo y secuestro del inmueble, luego de que la Fiscalía advirtiera que desde hace años está en proceso de extinción de dominio, señalaron varios medios.

El juzgado advirtió que no tiene responsabilidad en las omisiones que se hayan podido dar en este proceso “porque desde el mismo momento en que el ente fiscal procede a la práctica de medidas cautelares, debe efectuar la aprehensión material de dichos bienes, cosa que aparentemente no ha ocurrido siendo que siempre ha vivido allí la hija de la interna”, dijo el juez, citado por El Espectador.

Sin embargo, según El Tiempo, la decisión del juez es mantener a López en la vivienda, y no aceptó que la SAE argumente que “por el hecho de la condenada estar en ese domicilio hace nueve días no puede hacer una correcta administración del bien, cuando teniendo medida cautelar desde el año 2014, no ha tomado posesión material del mismo”.

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Los medios sí coinciden en señalar que fue la SAE la que le pidió al juez que ‘la Gata’ pagara su pena en otro domicilio, en una carta enviada el pasado 31 de enero. Adicionalmente, que el juez enfatizó en que en su despacho no existe ninguna comunicación “proveniente de algún fiscal o funcionario de la SAE, donde se ponga de presente que el bien inmueble donde se concede la prisión domiciliaria tenga alguna medida cautelar”.

Entre tanto, la Procuraduría pidió revocar la detención domiciliaria de López porque mintió “al no informar la situación particular del bien”. En ese sentido, “no podía manifestar ni material ni jurídicamente que ese era su lugar de residencia, con lo que obvió los requisitos legales y obtuvo beneficios indebidos”.

El Ministerio Público también le solicitó a la SAE “ejercer su facultad de policía administrativa y recuperar la tenencia material de ese bien”, porque no hay “impedimento jurídico para que dentro del proceso de extinción de dominio se recupere la tenencia material del bien”.

López tiene vigente una condena de 37 años por nexos con paramilitares en la costa norte del país y el asesinato del operador de un peaje porque supuestamente era miliciano de las Farc.