Argumentando temas de salud, la defensa de la exempresaria del chance consiguió que fuera trasladada en los últimos días a su vivienda ubicada en la carrera 59 A # 91-42 de Barranquilla.

Sin embargo, la Fiscalía confirmó que ese predio está embargado con fines de extinción de dominio desde 2014.

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Según el acta de secuestro del inmueble, que publicó el ente investigador, esa vivienda es propiedad de la Unión de Empresarios de apuestas Permanentes del Atlántico S.A. (Uniapuestas), cuya máxima accionista es ‘la Gata’, y que para 2014 no cumplía los “certificados de paz y salvo de operación de juegos de suerte y azar”, reveló en su momento El Heraldo.

Según la Ley de Extinción de Dominio, la Fiscalía es la encargada de “investigar y determinar si los bienes objeto del trámite se encuentran en alguna de las causales de extinción de dominio”, y luego de eso, deja la decisión en manos de un juez especializado al presentarle la información que recopiló.

Luego de cumplir ese proceso, el bien se declaró “legalmente secuestrado” el 22 de mayo de 2014, según está consignado en el documento que divulgó la Fiscalía. También “se ordenaron las medidas cautelares de embargo y suspensión del poder dispositivo”, el bien quedó “por fuera del comercio”, y se suspendió “cualquier acto de disposición o negociación a quien ostente algún derecho real” sobre ese bien.

Por último, se trasladó al Estado que tomó “el control del inmueble a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)”. La liquidada entidad, a su vez informó que la administración del bien quedó a cargo de la Inmobiliaria Bustamante Vásquez.

Desde 2015, luego de la DNE desapareciera, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tomó posesión de los bienes que habían sido incautados. En ese sentido, será la SAE la que deberá responder la pregunta de la Fiscalía.

Cabe agregar que sea la SAE o la inmobiliaria, los que estén ejerciendo como secuestre del bien, pueden alquilar el bien, lo que también podría explicar que ‘la Gata’ pueda acceder a su vivienda.

Sin embargo, eso no exonera del todo a la Fiscalía, pues si en algún punto de ese proceso (que involucra investigadores, jueces, entidades, funcionarios y particulares), existieron irregularidades para permitirle a una persona con una condena vigente tener ese beneficio, también ha debido indagarlas, por lo que la pregunta se devuelve a esa entidad: “¿Quién explica?”.

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