La pandemia nos concientizó sobre una cadena de situaciones sin sustento ético que hay que corregir, si es que de verdad queremos construir una sociedad tranquila.

Nos enfrentó a la realidad de nuestro desempleo estructural, que en la época pre-COVID afectaba al 10% de los colombianos; nos mostró la informalidad de los empleos, que no pudimos bajar del 50%; resaltó una inequidad crónica que se refleja en que el 10% de nuestros contribuyentes más ricos se quedan con el 51% del ingreso bruto, y nos mostró la fragilidad de tantas empresas, algunas históricas, que desaparecieron con el primer tropiezo. Así nuestros economistas sostengan que tienen controlado el déficit fiscal, la inflación o el crecimiento, la pandemia nos recordó que son muchos los colombianos ajenos a los avances sociales y expuestos a dolorosas frustraciones.

¿Qué hacer para corregir estos desempeños? ¿Cómo actuar para construir un país de oportunidades, en el cual, además de una situación fiscal o de una tasa de inflación sanas, la gente pueda atender sus necesidades fundamentales? Veamos primero algunas inconsistencias. Vistos en su conjunto, los impuestos sobre la renta que pagamos los colombianos representan apenas el 15% de la carga tributaria (impuestos/PIB), muy por debajo del esfuerzo que hacen países referentes como Perú (18%), Costa Rica (21%), México (24%) o Argentina (25%). Así, no es que nuestra estructura impositiva general sea más gravosa. Es más bien que las obligaciones tributarias recaen sobre pocos colombianos. Tres millones de personas naturales y unas 500 mil empresas declaran renta, mientras que el 70% del recaudo se concentra en unos pocos.

Ante los nuevos recursos que demandará la pandemia no se entiende la decisión de postergar, por ejemplo, la ampliación de los impuestos “verdes” destinados a lograr que los contaminadores respondan. Y tampoco se entiende que a estas alturas estemos recaudando menos del 1% del PIB nacional por estos conceptos, mientras nuestros referentes recaudan el 2%. Si corrigiéramos esta falla, fortaleceríamos el erario, expresando de paso nuestro compromiso con la protección del clima.

Y se entiende menos el regalo que le estamos dando a un grupo menor de colombianos, quienes, al no pagar Iva sobre la canasta familiar básica, terminan ahorrándose millones de pesos, muchos más que los que por este concepto se ahorran los grupos vulnerables. Ahora que con ocasión de la pandemia el Estado ha demostrado que cuenta con un buen sistema de georreferenciación, el Ejecutivo y el Congreso deberían actuar para recaudar estos subsidios regresivos y apoyar a los que los necesitan.

Con respecto al gasto público, seguimos destinando una parte importante de este a beneficiar colombianos que ya cuentan con un aceptable nivel de vida, en detrimento de los vulnerables. Basta recordar que sólo el 25% de los mayores de 60 años cuentan con pensiones de jubilación, cuando se podría definir desde ya la racionalización gradual de estas, a partir de una cohorte futura, como por ejemplo quienes se pensionarán en 2025. En este caso se podría establecer un tope pensional de doce salarios mínimos, liberando así recursos para atender a los más vulnerables.

Y aún menos se entiende la aversión que algunos muestran a depurar la colección de deducciones, exenciones, créditos, descuentos y otros incentivos tributarios que hoy favorecen a ciertos grupos de interés. Se trata de los denominados Subsidios Tributarios, equivalentes a gastos directos, que se dejan de cobrar en la mayoría de los casos a contribuyentes con una mayor capacidad de ahorro. Para controlar estas venas rotas, otros gobiernos presentan a sus congresos los “Presupuestos de Subsidios Tributarios”, anexos al Presupuesto Nacional, con lo cual al menos el Congreso y los contribuyentes toman conciencia de erogaciones que antes se aprobaban por la puerta de atrás y sin mención, ni plazo específico.

Se trata de propuestas que podrían generar unos 20 billones de pesos para complementar la financiación de la renta básica y para lograr que la mayoría de nuestros jóvenes logren el acceso al verdadero igualador social que es la educación superior calificada; que no deberían generar discrepancias de origen político; que podrían ser promulgadas en la presente legislatura, y que le ayudarían al Gobierno y al Congreso a demostrar que ellos también responden ante los reclamos de los más desprotegidos. Son propuestas para ir diseñando gradualmente la sociedad rica, justa y mejor que se merecen los colombianos.

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*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.

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