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En el primer punto de la plenaria del Senado está programada la votación de la moción de censura al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Desde que estalló el caso, Bonilla se ha visto involucrado por las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes fueron director y subdirector, respectivamente, de la entidad. Los exfuncionarios del Gobierno Petro han dicho que el ministro de economía les habría ordenado, supuestamente, entregar contratos y recursos a congresistas para que respaldaran los proyectos del gobierno.
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En el debate, Bonilla, como lo ha hecho en ocasiones pasadas, dijo que no estaba involucrado en el caso de corrupción que, desde hace varios meses, sacude al Gobierno Nacional. Incluso, en el Salón Elíptico del Capitolio el pasado martes, 24 de septiembre, el ministro dijo que se trataba de “chismes de la prensa” y que no hay pruebas en su contra.
“La Corte encontró que todo eso son chismes de Olmedo y Sneyder y que no tienen ninguna prueba. Que no han podido probar nada”, dijo Bonilla.
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Pese al impacto del caso -sobre el que Petro se pronunció el pasado 20 de julio en la instalación de la legislatura del Congreso- y a que la relación entre Ejecutivo y Legislativo se ha enfriado, es poco probable que la moción prospere. Así, lo más seguro es que cuando termine la votación, la moción quedaría como un nuevo episodio en el que los legisladores mostrarán su inconformismo con la Casa de Nariño.
Desde que empezó la legislatura, más de una decena de ministros de Gustavo Petro han pasado por el Congreso, bien sea para mociones de censura o, como en la mayoría de casos, para debates de control político, por una amplia variedad de temas.
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En efecto, luego de que los senadores voten la moción de censura a Ricardo Bonilla por el caso UNGRD, será el turno para el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, para que responda, en un debate de control político, respondan sobre “las acciones diplomáticas del Estado Colombiano frente al proceso electoral del pasado 28 de julio en la República Bolivariana de Venezuela y el impacto que genera para el Estado colombiano lo ocurrido en el vecino país”.
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