Estas demandas fueron presentadas antes de que el plebiscito se realizara, cuando incluso los uribistas estaban convencidos de que el Sí ganaría.

Si eso ocurre, “Santos podría seguir adelante con el acuerdo de paz original, aún después de haber sido derrotado en las urnas”, dice Semana.

En el momento, la Corte Constitucional estudia, fundamentalmente, 2 demandas contra el plebiscito: la del senador Iván Duque, del Centro Democrático, y la del ex fiscal Eduardo Montealegre.

La de Duque es contra el artículo 5 del llamado Acto Legislativo para la Paz, que daba facultades extraordinarias al Presidente, creaba el ‘fast track’ para acelerar el trámite de las reformas en el Congreso e integraba los acuerdos con las Farc a la Constitución.

La de Montealegre dice que los acuerdos no deberían ser sometidos a plebiscito porque equivalían a tratados internacionales, a la luz de los Convenios de Ginebra (sobre derecho internacional humanitario).

“La oposición ve los posibles fallos la Corte, que pueden llegar a ser el sustento para destrabar el proceso, como un truco para invalidar la hazaña electoral que logró el 2 de octubre. Y en el caso del Centro Democrático, sus protestas enfrentan el problema de que esos fallos estarían basados en darles la razón a las demandas que ellos mismo interpusieron…”, dice Semana.

En su análisis, la revista plantea que, además de la Corte, la otra vía de solución para la crisis del proceso de paz era el Congreso, pero la considera ‘inmanejable’, ‘engorroso’ e ‘interminable’, sin las facultades del ‘fast track’, que daba el Acto Legislativo para la Paz, y que reducía los debates a la mitad y obligaba a la votación en bloque, es decir votar sí o no a lo presentado por el Gobierno.

Sin  esas facultades, los 300 congresistas podrían discutir y votar uno a uno de los artículos de las “50 reformas necesarias para volver realidad lo acordado en La Habana”.

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