Por: El Colombiano

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Este artículo fue curado por Marizol Gómez   Mar 11, 2024 - 4:00 pm
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Con la atención de los niños no se improvisa, advirtió la Procuraduría General de la Nación al anunciarle al país que más de un millón de niños, niñas y madres gestantes, lactantes están en riesgo por la tardanza en el inicio de la atención del Icbf, lo que en palabras simples significa que no están comiendo adecuadamente, ni recibiendo servicios de educación y acompañamiento.

Todo estaría relacionado con los cambios en el modelo de contratación de los cerca de 1.500 operadores para todo el país, situación que a juicio del Ministerio Público deja al descubierto improvisación e ineficiencia por parte de las directivas del Instituto que por lo demás repercute en el bienestar de la Primera Infancia.

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Vamos al génesis de la actual controversia; en el año 2016 se creó el Banco Nacional de Oferentes para la contratación de operadores en el Icbf, sin embargo había cuestionamientos sobre el proceso de selección, se advirtió que los directores territoriales casi que seleccionaban a dedo, sin considerar la idoneidad o competencia para la atención a niños y niñas, sino favoreciendo, en algunos casos a cercanos; el único requisito era que debían estar inscrito en el Banco de Oferentes.

Para el año 2021, la situación fue advertida por la entonces directora del Instituto Lina Arbeláez, que para ponerle freno a la libre contratación, con el apoyo del Banco Mundial y Unicef, implementó la herramienta BETTO, por medio de la cual se filtraba a los operadores, contaba con 12 criterios objetivos para evaluar y definía si la organización postulante era o no idónea.

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Lo anterior, generó resistencia y rechazo; aunque muchas organizaciones quedaron por fuera, aumentó la participación de interesados y solo en el primer año, se recibieron más de 12 mil propuestas y generaron 1.100 contratos para la prestación del servicio, aumentando para el siguiente año.

Así fue hasta finales del 2023, cuando el nuevo Gobierno informó que eliminaba BETTO y hacía a un lado la herramienta de selección de los operadores, provocando el actual desorden, dejando a la vista la falta de planeación y la ausencia de un plan B; en su momento el Instituto advirtió que sobre la herramienta de inteligencia artificial había “quejas por aparentes fallas de funcionamiento y la posible generación irregular de orden de elegibilidad de los oferentes”.

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Ahora, es bien sabido que históricamente el Icbf inicia su operación la primera semana de febrero, lo cual no pasó en la actual vigencia, de ahí el jalón de orejas de la Procuraduría: “la falta de planeación y capacidad del Icbf para implementar el nuevo modelo para la contratación del servicio y los retos que este acarreaba, quedando corta ante la magnitud de la continuidad del Programa de Primera Infancia”.

Por su parte el Icbf  confirmó que sí se ajustó el modelo de contratación con el fin de democratizar los procesos, priorizando asociaciones de padres y madres de familia, juntas de acción comunal, consejos comunitarios, organizaciones indígenas y campesinas, “generando un sistema de cuidado comunitario con las poblaciones”.

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Esta determinación ha sido muy criticada, expertos advierten retrocesos bajo la premisa de que la atención de los niños no es solo cuestión de cuidado, antes bien, de cero a cinco años es fundamental recibir acompañamiento pedagógico con sentido, es la base del desarrollo para todos los seres humanos, por eso es imperativo la capacitación de quienes estén a cargo, pedagogos o profesionales en primera infancia.

“Hemos diseñado un plan de transformación para democratizar la contratación, de esta manera, las comunidades garantizarán que los recursos estén dirigidos exclusivamente al cuidado de nuestra razón de ser: la niñez. Contar con ICBF público es un reto que tiene este Gobierno y en ese reto vamos a tener el acompañamiento de muchas otras entidades públicas. Vamos a demostrar la posibilidad que existe para que la entidad recupere su carácter público”, afirmó la directora del Instituto, Astrid Cáceres.

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Dijo además la directora que encontraron 220 contratos en manos de 59 operadores con el mismo representante legal, dirección de domicilio, característica en el formato de constitución, fecha de constitución y error en el objeto y alcance, lo que también habría motivado los cuestionados cambios.

“Encontramos contratos de operadores que tristemente han tenido mayor cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición. Con estas instituciones, el ICBF ha dejado de contratar, promoviendo el control a la veeduría ciudadana. Además, organizaciones o fundaciones con contratos para la atención de la niñez que han tenido relación directa con clanes políticos”, añadió.

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Lo cierto aquí es que los únicos afectados son los niños y las niñas, han dejado de recibir el servicio, obligados a permanecer en casa o donde conocidos, quedando expuestos a escenarios de alta vulnerabilidad.

María del Rosario Jattin Ortega, antes de irse a trabajar debe dejar a su nieto de tres años con una conocida, vive en el barrio Moderno de Barranquilla y junto con ella son cientos de madres y cuidadoras que están a la espera de que inicie el servicio; reclaman una respuesta, al menos que les digan cuánto más deben esperar, pero les atormenta tanto silencio, y mientras alguien les dice algo, arrancan sus días con la angustia de tener que dejar al niño o la niña en casa ajena, corriendo el riesgo de lo que les pueda pasar en manos de desconocidos.

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“Mire ya todo lo que va de marzo y no nos dan razón de cuándo van a iniciar, nos da mucho pesar, ese servicio era excelente, ahora la verdad es que nos dejaron abandonados y los niños pasando trabajo, no hay soluciones, ni nos dan razón, tampoco alguna explicación, hay algunos niños que se pueden quedar en casa, pero la mayoría no, a las demás nos toca mirar dónde lo dejamos, es una situación muy crítica, hay mamás que trabajan limpiando casas, lavando ropa y lo que consiguen de platica les toca gastarlo pagando para que alguien cuide su hijo, no es justo”, cuenta con impotencia la señora María.

Ahora, mientras ella y sus conocidas aseguran que el servicio no ha iniciado y en casa siguen sus hijos, en las últimas horas el Icbf anunció que 1.675.000 de niñas y niños de primera infancia ya eran atendidos de manera integral a través de las modalidades Propia e Intercultural, Centros de Desarrollo Infantil, Hogares Comunitarios, Jardines Infantiles, entre otras.

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Amanecerá y veremos, dicen las familias afectadas, los anuncios no alimentan, tampoco nutren, los más de un millón de niños de los que habla la Procuraduría dependen, la mayoría al menos, de lo que reciben en las más de 70 mil unidades de servicio del ICBF, por eso es catalogado como un servicio esencial y vital en todo el país y que no debería verse afectado por decisiones caprichosas e improvisadas.

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