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El programa, denominado Transferencia Externa de Profesionales, “se estaría ofreciendo con la autorización que la universidad tiene para su programa convencional de Derecho”.

Así lo denuncia Semana.com, que cita al vicerrector jurídico de la Universidad, Marco Tulio Calderón, quien confirmó que el programa abreviado cumplía con lo establecido “en la resolución 10575 de 2011, respeta el plan de estudios establecido para el pregrado con duración de 10 semestres y está aprobada por el Ministerio de Educación”.

Las tarjetas profesionales de los 700 abogados corren riesgo de ser canceladas, y la Universidad está expuesta a demandas por daños provocados “quienes de buena fe invirtieron su tiempo y dinero en un programa con apariencia de legalidad”, dice Semana.

Más allá de la existencia o no de autorización, la discusión es si la reducción del tiempo de formación “podría afectar de manera importante las condiciones de calidad con base en las cuales se otorgó el respectivo registro”, como dice la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces), citada por Semana.com, pues no se trata de bachilleres sino de profesionales de otras áreas, que se considerarían afines al derecho.

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