“Dicho pago no se encontraba aprobado e iba en contravía con lo planteado por el Ministerio de Educación, en una intervención administrativa en virtud de una alerta por malos manejos de los recursos de la universidad”, expresó la fiscal del caso, citada por El Heraldo.
Cabe recordar que para 2013, cuando Silvia Gette Ponce salió de la rectoría por líos judiciales, el cargo lo asumió de manera provisional Romero Ochoa.
Sin embargo, “en su condición de rector encargado, cedió su legitimidad en el cargo a Ramsés sin estar permitido. En ese cargo solo podía estar Mariano Romero en representación de Gette y no otra persona distinta”, agregó la funcionaria.
Una vez que Vargas ocupó el cargo, modificó actas y estatutos para obtener el control total de los recursos de la institución.
Además, Romero recibía bonificaciones de acuerdo con el flujo de caja en la Universidad, mientras a Vargas se le asignó inicialmente un salario de 30 millones de pesos, pero luego le adjudicaron el pago de unos honorarios por gasto de representación, agregó Blu Radio.
Con esta cifra, se le aumentó a Vargas el sueldo en 60 salarios mínimos y más tarde hasta 1.400 salarios mínimos, superando el presupuesto de la universidad, añadió El Universal.
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Esta información se conoció en la diligencia de imputación de cargos a los 10 implicados en el presunto desfalco a la institución por 16.000 millones de pesos, producto de las matrículas de los estudiantes en Barranquilla.
Estas personas son Ramsés Vargas, Mariano Romero, Efraín Maldonado Palma, Cindy Solar Vargas, Jesús David Pantoja Mercado, Laura Laíno, Pedro Sierra, Yeseny Morales, Orlando Saavedra y Johana Hildebrandt Royo.
Según la Fiscalía, cuatro de ellos le dieron facultades al entonces rector “para que dispusiera, como quisiera, de los bienes de la Universidad Autónoma del Caribe; eso permitió que él hipotecara y realizara cualquier tipo de operación con los bienes de la institución”, citó el diario cartagenero.
Por estos hechos, los investigados fueron acusados de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documento privado y estafa.
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