En noviembre pasado, la Corte Suprema de Justicia estimó que no era necesario investigar al exsenador Álvaro Uribe Vélez por la presunta compra de votos para la campaña del expresidente Iván Duque.
El entramado que investiga las autoridades desde hace un poco más de dos años denominado como “Ñeñepolítica” fue denunciado por el periodista Gonzalo Guillén, quien una vez conoció de la decisión de la Corte, a través de un correo, dijo que presentaría un recurso de apelación.
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Para la decisión que tomó el alto tribunal no cabe un recurso de apelación. No obstante, la Corte dio espacio de dos días para que el comunicador presentara su alegato, pero este nunca llegó. “En la medida que el recurso de apelación anunciado por el denunciante no existe en la ley y que, en cualquier caso, no fue sustentado, la Sala lo rechazará”, dice el fallo que prácticamente deja en firme la decisión de inhibirse de investigar al exmandatario.
En el fallo de ocho páginas, el alto tribunal explicó que el Acto Legislativo 1 de 2018 le atribuyó a la Sala Penal de la Corte Suprema la competencia de absolver los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala de Primera Instancia, sin incluir en su ámbito de competencia a la Sala de Instrucción que fue la que decidió sobre ese futuro judicial del exsenador.
“La Sala considera que la alzada interpuesta por el denunciante contra el auto del 3 de noviembre de 2022 dictado por esta Sala no es jurídicamente procedente. Por ello, será rechazada de plano”, dice el documento.
El exsenador estaba ante los estrados desde hace un poco más de dos años tras la denuncia que presentaron el periodista Guillen y el bloguero Daniel Mendoza porque en el transcurso de la campaña presidencial de 2018, supuestamente, se registró una compra de votos en la costa atlántica a favor del expresidente Iván Duque, al parecer, por orden del expresidente Álvaro Uribe. Según las investigaciones, en esa operación habría estado el ganadero José Guillermo “Ñeñe” Hernández, a quien se le ha señalado de ser uno de los socios del narcotraficante Marquitos Figueroa.
Por ese nexo, al ganadero se le interceptaron algunas comunicaciones telefónicas, en ellas, supuestamente, habría la intervención del exsenador Uribe. Las pruebas que inicialmente tenían las autoridades eran interceptaciones con María Claudia Daza, una exmiembro de la UTL, del expresidente. En ellas, al parecer, se hablaba de una operación aparentemente “secreta e irregular” en el marco de la campaña presidencial de Duque. No obstante, a juicio de la Corte, nunca se demostró una prueba sólida sobre ello ni la participación del líder del Centro Democrático en la misma.
“No existe evidencia de que “Ñeñe” Hernández Aponte haya hecho gestiones significativas en la campaña presidencial de Iván Duque. Esta conclusión está soportada en el acervo probatorio: más allá de sus afirmaciones vagas, generales y en ocasiones desproporcionadas, nunca confirmadas por pruebas distintas a su propio dicho o por las referencias de sus interlocutores sobre este, no se cuenta en el expediente con ninguna prueba certera de la presunta participación de Hernández Aponte en la campaña”, decía la providencia de más de 160 páginas.
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