En caso de que el proceso de Álvaro Uribe Vélez siga bajo la Ley 600 (antiguo sistema), la Fiscalía General de la Nación será la encargada de resolver lo correspondiente a la medida de arresto domiciliario emitida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, el pasado 4 de agosto, informó RCN Radio.
Dado el caso de que el proceso del expresidente se rija bajo la Ley 906 (nuevo sistema), será un juez de control de garantías el que resuelva la solicitud de libertad pretendida por Uribe, añadió esa frecuencia radial.
La revisión de la Corte Suprema de Justicia se debe a que la jueza 30 de control de garantías de Bogotá afirmó, el pasado 22 de septiembre, que si bien ella tenía la competencia para trasladar el caso a la Ley 906, la palabra final correspondía al alto tribunal.
Al respecto, el abogado Reinaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda (considerado la víctima en el proceso de falsos testigos), indicó que el caso debe seguir bajo el antiguo sistema de la Ley 600, añadió esa emisora.
Por su parte, la defensa del expresidente se suma al concepto brindado por el fiscal Gabriel Jaimes (quien investiga a Uribe) y la jueza que pidió la revisión de la Corte. Ellos creen que el proceso debe llegar al nuevo sistema a través de la Ley 906 y que sea un juez el que determine si Uribe debe recobrar su libertad, agregó El Tiempo.
Según juristas, consultados por el periódico bogotano, si el caso sigue por la Ley 600, entonces sí se podría tener en cuenta lo hecho por la Corte como las pruebas que valoró y así avanzar en la decisión de llamar o no a juicio a Uribe.
En cambio, si el proceso pasa a la Ley 906, los juristas consultados por ese medio creen que lo hecho por la Corte se caería y la Fiscalía sería la encargada de empezar desde cero para determinar si se le imputan o no los cargos al expresidente.
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