Mujer discapacitada demandó a empresa, luego de cobrar sueldo por décadas sin trabajar

Muchas veces, a manera de chiste, los trabajadores afirman que uno de sus sueños sería que les pagarán por no hacer nada, pero esa historia se hizo realidad para una mujer que no le gustó el hecho de que la compañía para la que trabajaba la hiciera a un lado por cerca de dos décadas.

(Vea también: En qué universidades estudiar para el empleo mejor pago de Colombia y cuánto vale la carrera)

Laurence Van Wassenhove, una francesa con hemiplejia parcial y epilepsia, demandó a la empresa de telecomunicaciones Orange por acoso moral y discriminación. Según la mujer, pasó más de 20 años recibiendo su salario mensualmente sin desempeñar tareas, lo que derivó en un deterioro notable de su salud mental.

De acuerdo con Van Wassenhove, todo comenzó en 1993 cuando se desempeñaba como asistente de recursos humanos en France Telecom, hoy Orange. Después de su diagnóstico de salud, fue reubicada como secretaria, en un cargo más estático. En 2002 pidió un traslado por razones de salud, pero posteriormente fue declarada no apta para trabajar y quedó en régimen de reserva.

La demandante afirmó que, pese a recibir salario y ayudas, la compañía no le ofreció un puesto adaptado ni acceso a formación o planes de reintegración al ecosistema laboral de la compañía. “Que te paguen por estar en casa y no trabajar no es un privilegio. Es muy difícil de soportar”, aseguró.

El abogado David Nabet-Martin señaló que la exclusión prolongada y la falta de adaptaciones vulneran la legislación francesa contra la discriminación. A su juicio, para una persona con discapacidad el trabajo significa pertenencia, reconocimiento y vínculos sociales.

La mujer denunció también que la situación la llevó a una depresión profunda. Por su parte, la empresa argumentó que siempre mantuvo condiciones adecuadas y que cualquier reintegración se vio obstaculizada por bajas médicas recurrentes. Además, indicó que evaluó su perfil para un nuevo cargo, aunque no se concretó.

Este caso ha reabierto en Francia el debate sobre la responsabilidad empresarial en la inclusión de personas con discapacidad y en el cumplimiento de las adaptaciones legales para garantizar su participación activa en la vida laboral.