La brutal represión del Esmad en la protesta social

Lo sucedido la semana pasada ratifica la urgencia de imponer límites al uso de la fuerza policial en las manifestaciones.

La semana pasada se vivieron en Bogotá jornadas de protesta estudiantil, originadas en el descontento de los jóvenes de la Universidad Distrital por graves hechos de corrupción en la institución. El epicentro de la movilización fue la carrera Séptima, que divide a las sedes de las Universidades Distrital y Javeriana.

El carácter de la movilización fue cambiando por la acción violenta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía en contra la marcha, que afectó incluso a los ocupantes del Hospital San Ignacio y el Colegio Policarpa.  El uso desmedido de la fuerza policial, terminó sumando voces de estudiantes de otras universidades en contra de los atropellos, que quedaron registrados en videos que circularon por las redes y por los medios de comunicación. La reacción de los estudiantes, tuvo como respuesta el ingreso de una tanqueta del Esmad a las instalaciones de la Universidad Distrital de manera irregular, violando los protocolos y con el resultado de varios manifestantes heridos.

El viernes lo que se conjugó fue una gran marcha de jóvenes de varias instituciones que se desplazaron hasta el centro y que de nuevo sufrieron la brutalidad policial respaldada por el alcalde Enrique Peñalosa, que en el pasado ya ha estigmatizado las marchas estudiantiles.

También quedó en evidencia la presencia de infiltrados que protagonizaron el ataque contra la sede del Icetex, con el claro propósito de deslegitimar las razones de la movilización y darles la razón a quienes respaldan que la Policía actúe violentamente. A esto se agrega la detención masiva de más de 75 personas, intimidando a quienes escogen el camino de la protesta pacífica para exigir respuestas efectivas a sus reclamos.

El 30 de septiembre, mientras los jóvenes de la Universidad del Atlántico adelantaban un plantón solidario con los estudiantes de las universidades Distrital y Javeriana, el Ejército Nacional irrumpió realizando disparos al aire para dispersar la movilización, en una clara extralimitación de sus funciones constitucionales.

Las golpizas son cada vez más recurrentes y el abuso de autoridad es habitual, lo que ha generado la reacción de diferentes sectores que exigen límites a la presencia policial. Solo en el primer año del gobierno presidencial de Iván Duque, la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas, ha documentado 126 agresiones a las acciones de protesta social.

La movilización es un derecho fundamental reconocido constitucional e internacionalmente y es al mismo tiempo un mecanismo de defensa de otros derechos, de allí que su ejercicio deba ser dotado de las más altas garantías. Una política de protección a la movilización ciudadana, tal como se contempla en el punto 2 del Acuerdo de Paz debe incluir: el reconocimiento de su legitimidad, sanciones a la estigmatización, límites a la acción policial y derogación de la normativa que afecta su ejercicio.

No se pueden dejar pasar los hechos deplorables y las autoridades deben adelantar las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades sobre la actuación del Esmad y clarificar si se promueven acciones violentas infiltrando las manifestaciones.

El próximo 10 de octubre los estudiantes nuevamente se movilizarán en defensa de sus derechos, ¿será que en esta ocasión las autoridades civiles y policiales si garantizarán sus derechos?

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*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.