Tragedia en Aguas Blancas: asesinato de Nelci Montero reabre el debate sobre violencia de pareja en Colombia

El homicidio de Nelci Montero Carrillo en el corregimiento de Aguas Blancas, Valledupar, ha puesto en el centro del debate uno de los problemas más persistentes y dolorosos de la sociedad colombiana: la violencia intrafamiliar que, en muchos casos, finaliza en tragedias como la ocurrida a esta mujer de 41 años. Montero fue víctima de una herida fatal en el cuello, infligida por su compañera sentimental, Marta María Chicó, quien decidió presentarse a las autoridades luego del hecho. Lo ocurrido sugiere una dinámica que ha sido ampliamente documentada en estudios académicos y judiciales sobre la violencia en parejas, en la que los ciclos de agresión y reconciliación dificultan que las víctimas puedan romper el vínculo violento o solicitar ayuda oportuna.

No se trata únicamente de un caso aislado. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reporta que cientos de personas mueren anualmente en circunstancias similares, lo cual evidencia una problemática estructural y persistente. En los últimos años, más de 600 muertes asociadas a violencia de género se han registrado en Colombia, sumando víctimas de ambos sexos, según las estadísticas oficiales. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también subraya que la violencia de pareja se ha convertido en una de las principales causas de muerte y discapacidad entre mujeres de América Latina, una realidad que se replica en localidades como Aguas Blancas.

La historia personal detrás de este homicidio permite comprender las dificultades que enfrentan las familias y comunidades rurales para intervenir en situaciones de violencia. El hermano de la víctima, Javier Montero, señaló que existieron múltiples advertencias por parte de la familia para que la pareja terminara la relación, sin éxito. Según un estudio de la Fundación Universitaria del Área Andina, el acceso insuficiente a protección social y mecanismos policiales en zonas rurales propicia que los casos se perpetúen y agraven, especialmente cuando el consumo de alcohol es un factor presente, como lo fue en este suceso. Esta combinación de carencias y contexto rural favorece que la violencia se normalice y continúe con el tiempo.

La declaración de la agresora, quien argumentó haber actuado en defensa propia luego de ser golpeada, introduce un debate legal y social: en casos de violencia prolongada, determinar si existe legítima defensa se vuelve complejo. Expertos legales citados por El Espectador remarcan que es necesario valorar tanto los hechos inmediatos como el historial relacional, los antecedentes de maltrato y el temor psicológico. La Fiscalía debe profundizar en estos elementos para establecer la verdadera responsabilidad en contextos de violencia de género prolongada.

De fondo, el ambiente descrito por vecinos —lleno de discusiones y reconciliaciones frecuentes— evidencia patrones culturales marcados, donde la falta de educación en resolución de conflictos, ausencia de apoyo institucional y carencias en la gestión cultural de la violencia perpetúan el círculo vicioso. Organizaciones como Sisma Mujer han documentado la importancia de la educación para la igualdad y el acceso a servicios psicosociales como herramientas fundamentales para prevenir y atender eficazmente estos casos. Este homicidio, así, no es solo el reflejo de un asunto individual, sino la manifestación de una problemática social que demanda respuestas integrales desde la política pública, el trabajo comunitario y la transformación cultural.

¿Qué recursos de apoyo existen para víctimas de violencia intrafamiliar en zonas rurales? La carencia de acceso a servicios de protección y prevención en aquellas áreas donde predomina la ruralidad, ha sido señalada como un factor que incrementa los riesgos para las víctimas de violencia intrafamiliar. Según estudios citados por la Fundación Universitaria del Área Andina, muchas comunidades carecen de rutas efectivas de atención, apoyo legal e intervención psicosocial. La falta de presencia policial o de trabajo social limita las posibilidades de denuncia y acompañamiento. Esto subraya la necesidad de fortalecer la cobertura institucional y promover programas especializados que contemplen las particularidades culturales y económicas de dichas zonas.

A pesar de los avances legislativos y las políticas públicas desarrolladas, la ejecución práctica en contextos alejados de los centros urbanos sigue siendo insuficiente, lo que permite que la violencia se normalice y escale sin consecuencias inmediatas para los agresores. Propuestas de organizaciones como Sisma Mujer insisten en invertir en la capacitación local y la promoción de redes de apoyo comunitarias que acerquen los servicios a quienes más lo requieren.

¿Qué se entiende por “legítima defensa” en casos de violencia de pareja? El término “legítima defensa” hace referencia al derecho de protegerse ante una agresión inminente y grave, sin incurrir en responsabilidad penal por el daño causado al agresor. En el contexto de violencia de pareja, esta figura cobra una especial complejidad, ya que debe analizarse no solo el acto inmediato, sino los antecedentes y el entorno de maltrato o abuso reiterados, así como la existencia de coerción o miedo psicológico persistente.

Según expertos legales consultados por El Espectador, al evaluar este tipo de casos es esencial considerar el historial de agresiones y el impacto emocional a largo plazo en la víctima. La investigación judicial debe contemplar si existió una real percepción de peligro y si el accionar de la persona que se defiende fue proporcional al riesgo enfrentado, ajustando así el análisis a contextos de violencia de género. Así, no toda respuesta violenta se trata igual, y la valoración de la legítima defensa demanda un examen cuidadoso de los hechos y circunstancias previas.