Dayana Urrea, mujer que fue brutalmente atacada por su ex, dio duro relato: "Me estaba ahogando"

El caso de violencia de género sufrido por Dayana Urrea en Jamundí, Valle del Cauca, ilustra de manera contundente la seria crisis de violencia intrafamiliar que persiste en Colombia. Dayana, madre de familia, fue víctima de una agresión física brutal por parte de su expareja, lo que casi le cuesta la vida. Al ataque se suma el acoso sistemático que padece en redes sociales, incrementando su sentimiento de inseguridad y vulnerabilidad constante. Según relatos de la víctima y publicaciones de medios regionales, su denuncia ante las autoridades ha puesto en evidencia las deficiencias y urgencias en el sistema de protección y justicia para mujeres violentadas en la región.

El Observatorio de Feminicidios del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) señala un aumento preocupante de la violencia de género en el país, fenómeno que afecta especialmente a áreas urbanas y periurbanas como Jamundí. De acuerdo a un informe reciente del Instituto Nacional de Medicina Legal, durante 2023 se registraron miles de casos de violencia intrafamiliar en Colombia, en su mayoría cuyas víctimas fueron mujeres agredidas por sus parejas o exparejas. Casos como el de Dayana reflejan la gravedad de la situación y la necesidad de políticas públicas más efectivas. Además, el acoso no se limita a la violencia física: la persecución psicológica y digital, manifestada en seguimientos y amenazas por redes sociales, agrava de forma significativa el daño emocional y la sensación de inseguridad para la víctima, como afirman los informes recopilados por INDEPAZ y Medicina Legal.

El detonante de la agresión contra Dayana fue una discusión motivada por celos, un factor recurrente en los patrones de violencia machista recogidos en diversos estudios de la Universidad Nacional de Colombia. Las emociones, como los celos, suelen ser instrumentalizadas por los agresores para justificar sus actos, subrayando la necesidad de una intervención más especializada por parte de los entes estatales. Si bien existen rutas de atención integral para víctimas que abarcan desde atención médica hasta asesoría legal y acompañamiento psicológico, organizaciones como Sisma Mujer advierten que la articulación y eficacia de estas rutas sigue siendo insuficiente, prolongando el sufrimiento y el riesgo para quienes denuncian.

En Jamundí, tras la denuncia de Dayana, la reacción de las autoridades fue inmediata: se activó la ruta de atención y comenzó la búsqueda del agresor, como confirmó Karen Duque, jefa de la Oficina de Equidad de Género local. Estas respuestas institucionales son esenciales para garantizar la seguridad y el restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas. No obstante, expertos y defensores de derechos humanos insisten en que, más allá de la reacción inmediata, es crítico asegurar procesos judiciales ágiles y medidas de protección antes, durante y después del proceso penal, para evitar la impunidad y nuevas amenazas.

Comparativamente, en países latinoamericanos como México y Argentina, donde la violencia de género también es alta, se han implementado campañas y protocolos de protección —incluyendo alertas tempranas y refugios temporales— que han mostrado eficacia, como recomienda ONU Mujeres en su Informe Regional 2023. La experiencia internacional demuestra que políticas preventivas integrales, participación comunitaria, y sistemas de seguimiento a agresores son componentes clave para reducir el riesgo y garantizar no repetición de estos crímenes.

El caso de Dayana Urrea subraya también el papel fundamental de la denuncia ciudadana. Aunque denunciar expone a las víctimas a nuevos riesgos, es la base para exigir protección estatal y sentar precedentes legales contra la violencia de género. Para ello, es fundamental la responsabilidad de los medios, la sociedad civil y las organizaciones defensoras de derechos humanos en la visibilización, acompañamiento y exigencia de una respuesta institucional pronta y efectiva. Así, el fenómeno de la violencia de género en Jamundí y en Colombia exige un abordaje integral e interdisciplinario, que articule atención judicial inmediata, prevención comunitaria y una transformación cultural hacia la erradicación de la violencia machista.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué rutas de atención existen para víctimas de violencia de género en Colombia?

La pregunta cobra relevancia porque el conocimiento de las rutas de atención marca la diferencia entre la contención adecuada y la revictimización en los casos de violencia de género. Las rutas incluyen atención médica, asesoría legal, acompañamiento psicológico y reportes ante la Policía Nacional, y su efectiva articulación sigue siendo un reto, como evidencian los informes de Sisma Mujer.

La concientización sobre estas rutas es indispensable para que las víctimas sepan cómo y dónde buscar ayuda de forma segura. Además, contribuye a que la sociedad exija a las autoridades fortalecer las respuestas institucionales y a mejorar la prevención, protección y acceso a la justicia en todo el territorio nacional.

¿Qué implica el término “acoso digital” en el contexto de violencia de género?

El acoso digital se refiere a la persecución que sufre una persona a través de medios electrónicos, como redes sociales, mensajes o correos, con el fin de intimidar, vigilar o amenazar. En el caso de Dayana Urrea, el acoso digital agravó significativamente su vulnerabilidad, demostrando que la violencia trasciende la esfera física y puede intensificarse mediante tecnología.

Comprender este término es relevante para identificar nuevas formas de violencia que suelen pasar desapercibidas por el sistema tradicional de justicia y requerir respuestas innovadoras y adaptadas. Así, la discusión sobre el acoso digital impulsa la actualización de marcos legales y rutas de protección frente a las realidades tecnológicas actuales.