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Álvaro Uribe renunció a la prescripción de su proceso: ¿qué significa esta decisión?
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Varios casos en los que los ciudadanos han tomado justicia por mano propia, han terminado con la muerte de algún presunto ladrón.
Las acciones violentas se han convertido en la respuesta más común por algunos ciudadanos que se han visto involucrados en situaciones de robo o intento. Teniendo en cuenta que muchos no tienen confianza suficiente hacia los policías y la justicia, decide emprender otro tipo de corrección contra el ladrón.
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Dicha respuesta es, para algunos, entendible, ya que muchos de los acusados o capturados terminan en la calle días después del hecho, por lo que en su mayoría recaen y vuelven a delinquir.
En otras ocasiones, por robar un celular, los sujetos han llegado a matar a una persona en la calle, por lo que dichas situaciones causan frustración.
Sin embargo, la famosa ‘paloterapia’ no sería la mejor solución al problema, ya que usted puede salir peor que el propio ladrón que trata de ajusticiar.
Alejandro Benavides, secretario general de la Universidad Manuela Beltrán y especialista en Derecho, Ciencia Política y Criminología, explicó que el sistema jurídico colombiano no admite estas acciones como defensa legal. En realidad, tales actos son delitos, dado que únicamente el Estado tiene la potestad de usar la fuerza y administrar justicia.
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Benavides aclaró que la justicia por mano propia ocurre cuando la comunidad toma medidas contra presuntos delincuentes sin la participación de las autoridades. Aunque la legislación colombiana incluye conceptos como el estado de necesidad y la legítima defensa, estos están sujetos a estrictos requisitos para ser válidos. Por ejemplo, la legítima defensa solo se aplica cuando una persona actúa para proteger su vida o la de otros frente a un peligro inminente, y la respuesta debe ser proporcional al riesgo enfrentado.
¿Qué pasaría si tomando justicia propia un presunto ladrón fallece? El estado puede iniciar un proceso legal para acusarlo de tentativa de homicidio u homicidio y podrían condenarlo hasta por 25 años de cárcel.
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