Revelan aparente guardado de fiscal en caso de UNGRD: documentos la podrían en evidencia

Recientemente, la Fiscalía General de la Nación negó un principio de oportunidad para Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, cuyo testimonio enlodaba al exministro Ricardo Bonilla y a otros funcionarios muy cercanos al presidente con el escándalo de corrupción de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres).

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En este sentido, dos documentos internos de la mencionada entidad, revelados en exclusiva por Blu Radio, abren nuevos interrogantes sobre el rol de la fiscal general Luz Adriana Camargo en la determinación del ente investigador sobre Ortiz, quien había prometido delatar a dos mujeres cercanas a Gustavo Petro.

La información contradice las declaraciones públicas de la funcionaria, quien ha sostenido que no interviene directamente en la investigación y que los fiscales asignadas actúan con total autonomía.

Documentos que dejarían en evidencia intervención de fiscal Camargo

Uno de los documentos clave que pone en duda la versión oficial está relacionado con la negativa de protección a las hijas de Sandra Ortiz, emitida por Juana Marcela Cárdenas, jefa del Departamento de Protección y Asistencia. Aunque el documento indica que la familia de Ortiz no cumple el perfil de riesgo, lo más relevante es que menciona que cualquier decisión relacionada con un principio de oportunidad debía ser autorizada directamente por Camargo.

Este mecanismo jurídico —el principio de oportunidad— permite una salida anticipada de un proceso penal a cambio de colaboración eficaz. La defensa de Ortiz había presentado una matriz de cooperación en busca de dicho beneficio, pero, según consta en el documento, la decisión final dependía exclusivamente de la fiscal general.

Esta condición revela una injerencia directa en decisiones clave del caso, lo que contradice el discurso público de Camargo sobre su supuesta neutralidad y distancia del proceso.

Los folios, firmados por funcionarias de la Fiscalía, como Juana Marcela Cárdenas, jefa encargada del Departamento de Protección y Asistencia, revelan que la autorización para otorgar beneficios judiciales y medidas de protección a Sandra Ortiz estaba supeditada exclusivamente al visto bueno de la fiscal general Luz Adriana Camargo.

Asimismo, registros de conversaciones internas refuerzan la percepción de que la decisión final recaía siempre sobre Camargo, lo cual contradice su narrativa pública acerca de la autonomía plena de los fiscales delegados en el proceso del caso UNGRD, de acuerdo con Semana.

Estos elementos documentales han desencadenado una serie de recusaciones y cuestionamientos. Por ejemplo, la Red de Veedurías Ciudadanas interpuso recusaciones ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que la denegación del principio de oportunidad para Ortiz fue una determinación directa de Camargo, y no de los fiscales delegados como ella ha manifestado.

El panorama se complica aún más por las posibles relaciones personales entre la fiscal general y Vladimir Fernández, magistrado de la Corte Constitucional, señalado por Ortiz como receptor de millonarios pagos para incidir en nombramientos judiciales. Camargo habría contado con su respaldo durante el proceso que culminó en su elección como jefa del ente acusador.

Fiscal Camargo había negado interferencia en caso de Sandra Ortiz

El proceso se centra particularmente en Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, quien ha expresado su preocupación por la falta de garantías procesales por parte de la Fiscalía.

Ortiz afirma que no ha recibido los derechos mínimos de defensa, una denuncia respaldada por Pablo Bustos, abogado de las víctimas, quien presentó el pasado 4 de mayo una recusación contra Camargo.

Bustos argumentó posibles vínculos entre la fiscal general y actores estratégicos del caso, entre ellos Vladimir Fernández, actual magistrado de la Corte Constitucional y exsecretario jurídico de la Presidencia en el gobierno actual.

Como respuesta, Camargo envió el 13 de mayo un documento de siete páginas donde rechaza los argumentos de Bustos y reitera que la fiscal María Cristina Patiño, delegada ante la Corte Suprema, lidera la investigación de forma independiente y autónoma.