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El comandante de la institución, general Eduardo Zapateiro, las entregó en una extensa declaración sobre las acusaciones de delitos que recaen sobre militares.
Las medidas que, según el oficial, buscarán establecer estrategias de prevención para estas situaciones incluirán la participación de los entes de control del país.
Zapateiro dijo que una de las primeras es “fortalecer las dependencias encargadas de los grupos poblacionales de especial protección consitucional”, como las comunidades indígenas, así como la oficina de género del Ejército Nacional.
También dijo que el equipo de profesionales de la salud que examinan los jóvenes que quieren entrar a las filas tendrán la misión de mejorar el proceso:
“Se optimizarán los estándares de evaluación psicotécnica en los procesos de selección de la institución con el fin de fortalecer las competencias sociales y laborales en la preservación de los derechos humanos y el respeto a los niños, niñas y adolescentes de todo el personal que ingrese”.
El oficial aseguró que se buscará “ser muy detallistas, profundizar, mirar, corregir todo lo que tenga que ver con las incorporaciones” y que se aplicará en las escuelas de formación de oficiales, suboficiales y soldados regulares.
Zapateiro quiso defender a los cerca de 240.000 integrantes del Ejército enfatizando que “son conductas individuales” y que la mayoría de jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio “vienen de hogares humildes pero respetuosos y con buenas costumbres”.
El comandante del Ejército dijo que a mediano plazo se diseñará una plataforma tecnológica que permitirá recopilar, unificar y consolidar la información sobre este tipo de delitos, que facilite el control y monitoreo de los tiempos y avances de cada uno de los casos que allí se registren.
Además afirmó que “se intensificarán las capacitaciones para el personal de la fuerza a través del departamento jurídico sobre la población de especial protección”.
A renglón seguido se comprometió a que frente a estas situaciones “no habrá segunda oportunidad y los implicados serán retirados de manera inmediata de la institución sin perjuicio de la acción penal disciplinaria y administrativa a que haya lugar”.
En cuanto a la integración con los ejes de control, dijo que el Ejército mantendrá una comunicación permanente con la Procuraduría. Ese organismo tendrá dos funcionarios en contacto directo con la institución para manejar los temas de violaciones de menores de edad.
Por último, con la Fiscalía, indicó el general, “se dispuso un proceso de acercamiento para generar un espacio pedagógico a través de un grupo de monitoreo de niños, niñas y adolescentes en pro de capacitaciones que desde la investigación penal fortalezcan la formación de oficiales, suboficiales, soldados y civiles de la institución castrense”.
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