Predios del senador Lizcano son reclamados por víctimas de despojo de tierras

Son tres bienes, ubicados en Risaralda, que están en venta, pero aparecen vinculados a un proceso de restitución.

La alerta la lanzó la Procuraduría al pedirle a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que detenga la compra de los predios Sausagua, Guamerú y Lote Sausagua, del municipio de Quinchía, y que son propiedad del presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, y su padre Óscar Tulio Lizcano.

En este proceso, además, el Ministerio Público detectó que “la Unidad de Restitución de Tierras ha inscrito como víctimas a dos personas secuestradas y declaradas muertas por desaparición”, y “sus herederos reclaman la restitución de los tres predios que desde mayo de 2012 pertenecen al senador y su padre”, informó en un comunicado.

La Procuraduría señaló que continuará el análisis y la recolección de información para compulsar copias en el área de asuntos disciplinarios de la misma entidad, “con el fin de que sea tenido en cuenta en el proceso que se abrió al senador el pasado 4 de julio por hechos relacionados con este caso, y que se encuentra en etapa de indagación”.

Adicionalmente, el Ministerio Público “recomendó a la ANI comunicar al Tribunal Superior de Cali, que adelanta el proceso de restitución de tierras, cada una de las gestiones prediales en desarrollo del proyecto de infraestructura vial ‘Conexión Pacífico 3’”, en el que se encuentra vinculado el proceso de venta de esos predios.

Esta autopista hace parte de uno de los tramos que “interconectan a los centros de producción de sur a norte con Antioquia, el Valle del Cauca, el Eje Cafetero, el valle de los ríos Cauca y Magdalena y el puerto de Buenaventura”, explica la ANI. Esta autopista medirá 146 kilómetros, y está programado que su construcción dure cinco años, que iniciaron en 2014.

El Ministerio Público agregó que “reconoce el interés nacional y estratégico de este proyecto, y la necesidad de transferir lo antes posible a nombre de la Nación las áreas necesarias para su intervención”, pero también advirtió “que el proceso de restitución de tierras hace parte del marco de la justicia transicional y contempla una finalidad superior dirigida a lograr la reparación integral y efectiva de las víctimas”.