Tensión en la ONU: Colombia sin canciller para defender el Acuerdo de Paz ante histórica crisis diplomática

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha retomado la revisión del Acuerdo de Paz colombiano, pero este año presenta una novedad sin precedentes desde 2016: por primera vez, Colombia no contará con la presencia de su canciller en la presentación del informe de la Misión de Verificación en Nueva York. Esta ausencia, originada por la decisión de la canciller Rosa Villavicencio de renunciar voluntariamente a su visa estadounidense en solidaridad con el presidente Gustavo Petro, tras la cancelación de la visa de este último por el Departamento de Estado de Estados Unidos, refleja un momento de tensión diplomática que impacta la interlocución exterior sobre uno de los acuerdos más relevantes para la estabilidad de Colombia. La falta del vicecanciller Mauricio Jaramillo agrava la situación, dejando la responsabilidad en manos de la embajadora Leonor Zalabata y el equipo de la Misión Permanente, según lo confirmó la propia Cancillería.

El informe presentado ante el Consejo aborda dos temas cruciales: las primeras sanciones impuestas de manera autónoma por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la situación de seguridad de cara a las elecciones presidenciales de 2026. La JEP, en un paso considerado histórico, ha sancionado a exjefes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a miembros de la Fuerza Pública implicados en crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo iniciativas de reparación y actividades restaurativas. No obstante, la Misión de Verificación señala una carencia de recursos estatales y de un marco regulatorio adecuado para hacer efectivas estas sanciones, insistiendo en la necesidad de un seguimiento cuidadoso por parte de las entidades internacionales y nacionales para garantizar su cumplimiento.

En cuanto a la seguridad electoral, el informe subraya que la violencia política sigue representando un grave desafío para el proceso democrático colombiano. El reciente asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se convierte en símbolo de los riesgos persistentes que enfrentan líderes sociales y políticos, lo que evidencia la fragilidad tanto institucional como social del país. Estas amenazas minan la implementación del acuerdo y ponen en peligro la estabilidad futura de Colombia, especialmente en el periodo electoral que se avecina.

El contexto es particularmente complejo. Si bien se han logrado algunos avances en procesos de reincorporación, reforma rural y acciones sancionatorias, la continuidad de la violencia, la impunidad y las falencias institucionales persisten. El expresidente Juan Manuel Santos, responsable de la firma del Acuerdo y Premio Nobel de la Paz, ha advertido que la dinámica diplomática, especialmente con Estados Unidos, puede repercutir de modo negativo en la financiación y la estabilidad del proceso de paz, contexto que se agrava ante la crisis diplomática actual.

Esta situación refleja los retos de las transiciones de paz en escenarios con fuerte influencia internacional. De acuerdo con expertos consultados por Foreign Affairs, una representación diplomática limitada puede debilitar la posición de Colombia en la búsqueda de cooperación y recursos necesarios para la reconstrucción postconflicto. El Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz enfatiza que el monitoreo independiente es clave para evitar retrocesos, pero la reducida presencia diplomática en Nueva York podría disminuir la presión externa para que Colombia cumpla sus compromisos en materia de justicia y reparación, como advierte la Misión de Verificación.

Por otro lado, el Centro de Recursos sobre Conflicto y Paz (PRIO) subraya que la violencia política actual encarna tanto la existencia de grupos armados ilegales como deficiencias estructurales en el sistema de seguridad democrática. Si no se enfrentan estas problemáticas, es posible que aumente la desconfianza ciudadana hacia el proceso electoral y las instituciones del Estado.

Desde el punto de vista periodístico, abordar el seguimiento del Acuerdo exige un análisis riguroso de documentos oficiales, entrevistas y acceso a bases de datos como las del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que permiten identificar tendencias y aportar transparencia al proceso. De este modo, la ciudadanía puede seguir de cerca la evolución del cumplimiento de los compromisos.

En conclusión, la ausencia de figuras clave de la diplomacia colombiana ante la ONU es síntoma de tensiones políticas bilaterales que impactan la verificación y la implementación del Acuerdo de Paz. El informe de la Misión deja en evidencia avances sustanciales, pero también grandes fragilidades estructurales que requieren atención urgente para consolidar la democracia, la justicia y la paz en Colombia.

¿Cuál es el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el proceso de paz colombiano? La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) constituye uno de los mecanismos judiciales fundamentales creados tras los acuerdos firmados entre el gobierno colombiano y las FARC. Según lo indicado en el informe, la función de la JEP es imponer sanciones a quienes hayan cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad durante el conflicto. Estas sanciones comprenden tanto elementos de justicia tradicional como restaurativa. El papel de la JEP resulta esencial ya que su trabajo no sólo busca la verdad y la reparación a las víctimas, sino que además constituye un mecanismo de credibilidad internacional en el proceso.

En la actualidad, según lo advertido por la Misión de Verificación de la ONU, aunque la JEP ya dictó sus primeras sanciones históricas, existen debilidades en el respaldo estatal para llevarlas a cabo. Esto implica que la justicia transicional en Colombia todavía enfrenta importantes retos para desarrollarse plenamente, lo que influye en la percepción y la sostenibilidad del acuerdo de paz ante la comunidad internacional.

¿Qué efectos tiene la falta de representación diplomática de alto nivel en procesos multilaterales como el de Colombia en la ONU? La ausencia de figuras de alto rango, como el canciller o vicecanciller, en foros multilaterales como el Consejo de Seguridad de la ONU puede producir una merma en la capacidad de incidencia y negociación de un país. De acuerdo con análisis citados de Foreign Affairs y el Instituto Kroc, esto puede traducirse en la pérdida de respaldo político y financiero internacional, recursos que suelen ser fundamentales en contextos de posconflicto.

El actual contexto colombiano evidencia que la representación diplomática limitada no solo disminuye la presión internacional para el cumplimiento de compromisos internos, sino que además puede erosionar la confianza de otros países y organismos multilaterales en la voluntad del Estado para mantener el rumbo pactado. Esto, a su vez, puede complicar la obtención de fondos y cooperación estratégica, aspectos indispensables para la consolidación de la paz y la justicia en Colombia.