Ataque explosivo sacude Medellín: el gobierno refuerza seguridad tras escalada violenta de disidencias FARC

El 14 de septiembre de 2025, el Gobierno colombiano decidió reforzar la seguridad en Medellín tras un grave atentado con explosivo contra una torre de energía en La Asomadera, en el oriente de la ciudad. La medida consistió en el envío de 350 soldados del Ejército y 150 policías adicionales, con el objetivo de fortalecer el control territorial y disminuir los riesgos de futuros episodios violentos. Según declaraciones del presidente Gustavo Petro y del director general de la Policía, Carlos Fernando Triana, esta acción buscaba enviar un mensaje contundente frente a las recientes acciones violentas atribuidas a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lideradas por el alias “Calarcá Córdoba”.

El alcalde Federico Gutiérrez interpretó el atentado contra la infraestructura de Empresas Públicas de Medellín como una respuesta directa a la operación policial realizada previamente en el municipio de Campamento, departamento de Antioquia. En esa operación, cuatro presuntos insurgentes vinculados a las disidencias de las FARC murieron, y las autoridades los relacionan además con otro ataque en el municipio de Amalfi que produjo la muerte de 13 policías a finales de agosto. La rápida sucesión entre el anuncio de los resultados operativos y el atentado en Medellín revela una dinámica de acción y reacción entre la fuerza pública y los grupos armados, evidenciada también por los pronunciamientos oficiales posteriores al hecho.

El despliegue militar y policial en Medellín hace parte de una estrategia nacional más amplia que busca frenar la expansión de grupos ilegales tanto en zonas rurales como urbanas, priorizando el concepto de “control territorial”. Este control no se limita a la ocupación física, sino que incluye esfuerzos sostenidos para desarticular las redes delincuenciales que operan en toda el área metropolitana, según análisis del Instituto Kroc para la Paz y la Justicia de la Universidad de Notre Dame. Sin embargo, dicho instituto advierte que estas acciones deben complementarse con políticas sociales de largo plazo que atiendan las causas estructurales de la violencia.

Desde hace décadas, Medellín ha sido escenario de múltiples fases de conflicto armado que involucran desde el narcotráfico, pasando por grupos guerrilleros, hasta bandas criminales surgidas tras procesos de desmovilización. La Fundación Paz y Reconciliación (PARES) ha documentado cómo la vigencia de disidencias de las FARC y nuevas bandas criminales, conocidas como bacrim, complica los esfuerzos de pacificación debido a vacíos institucionales y competencia por el control territorial.

Así, la reciente escalada violenta y la reacción estatal reflejan la dificultad de consolidar la paz en Colombia. Estudios de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sugieren que el éxito de la política de “seguridad democrática” depende de equilibrar las acciones de fuerza con la prevención del delito y el fortalecimiento social, para evitar ciclos recurrentes de violencia y represalias entre los distintos actores armados. En esta línea, reportajes de El Espectador han señalado que enfrentar la criminalidad en Medellín requiere enfoques integrales y coordinados entre la población, las autoridades y el sistema judicial, más allá de respuestas inmediatas a hechos puntuales de violencia.

En conclusión, la mayor militarización reciente en Medellín evidencia tanto la urgencia de combatir la criminalidad como la necesidad de abordar retos estructurales vinculados al conflicto armado y la exclusión social. Este episodio subraya la importancia de estrategias de seguridad sostenibles que también garanticen derechos y fortalezcan la convivencia en espacios urbanos históricamente golpeados por la violencia.

¿Por qué las disidencias de las FARC siguen teniendo influencia en Medellín y otras zonas urbanas?
A pesar de los acuerdos de paz, persisten grupos que no se acogieron a la desmovilización. Tanto la Fundación Paz y Reconciliación como reportes recientes de las autoridades han documentado cómo estas disidencias aprovechan vacíos institucionales y disputas por el control territorial. Su presencia en zonas urbanas responde a la búsqueda de rentas ilegales, influencia sobre comunidades vulnerables y la fragmentación de otras estructuras criminales que dejaron espacios abiertos tras procesos de paz que aún no consolidan la seguridad.

La presencia de estas estructuras supone un reto constante para la fuerza pública y para el tejido social, pues incrementan la violencia en sectores ya afectados por exclusión social. El caso de Medellín refleja una realidad compleja, donde la desarticulación de redes criminales requiere de estrategias integrales, tanto policiales como de inclusión social, para evitar el reciclaje de la violencia cada vez que se captura un líder o se desmantela temporalmente un grupo armado.

¿Qué significa exactamente “control territorial” en el contexto de la seguridad urbana?
La noción de control territorial no se limita a la ubicación física de la fuerza pública en determinados puntos de la ciudad o el campo. Según el análisis del Instituto Kroc, implica la capacidad de las autoridades para restringir el accionar de organizaciones criminales y ejercer de manera efectiva sus funciones legales sobre la población y el territorio.

En un contexto como el de Medellín, el control territorial incluye además la protección de infraestructuras estratégicas, la garantía de derechos para la ciudadanía y la reducción de la influencia de actores armados ilegales sobre barrios y comunidades. Solo cuando ese control se combina con políticas sociales que aborden las causas de la violencia, como almacenamiento de armas o falta de oportunidades económicas, puede lograrse una paz más sostenible.