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La canciller de Colombia fue mencionada en una grabación en la que se le sindica de intentar tomar control e influir en las decisiones del Grupo Bicentenario.
Desde mediados de 2024, la canciller Laura Sarabia y su asesor Jaime Ramírez Cobo han sido señalados por supuestamente influir en el manejo del Grupo Bicentenario, un conglomerado estatal que integra 13 entidades financieras con activos superiores a 183 billones de pesos.
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Según grabaciones reveladas por La W, Piedad Muñoz, directora general de Participaciones Estatales, habría implementado directrices del Ministerio de Hacienda para facilitar este control. Sebastián Echeverri, asesor jurídico del grupo, afirmó que esta influencia afectó la selección de miembros de las juntas directivas, priorizando criterios políticos sobre la independencia.
En las grabaciones, Echeverri menciona que Sarabia y Ramírez han tenido control absoluto de las juntas directivas desde el primer día, lo que ha generado preocupaciones sobre la legitimidad de las decisiones tomadas en estas entidades.
Además, advirtió que esta situación podría derivar en sanciones por parte de supervisores estatales debido a la falta de miembros independientes calificados. Hasta la fecha, ni Sarabia ni Germán Ávila, actual Ministro de Hacienda, han respondido de manera clara a estas acusaciones, lo que ha intensificado las dudas sobre la transparencia en la gestión del conglomerado.
El Grupo Bicentenario es un conglomerado financiero estatal creado en 2019 mediante el Decreto Ley 2111. Su objetivo principal es consolidarse como el tercer grupo financiero más grande del país, después de Grupo Aval y Sura-Bancolombia.
Está compuesto por 13 entidades financieras públicas que trabajan de manera coordinada para ofrecer soluciones financieras modernas y sostenibles. Estas entidades abarcan sectores clave como la agricultura, infraestructura, comercio y vivienda, promoviendo el desarrollo económico y social de Colombia.
Según su página oficial, el Grupo Bicentenario opera bajo normativas de derecho privado, lo que garantiza transparencia y eficiencia en sus operaciones, y está vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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