Santos defiende el Acuerdo de Paz tras fallo de la JEP: ¿justicia real o castigo insuficiente a exFARC?

El expresidente Juan Manuel Santos reaccionó públicamente a la condena dictada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en contra de siete antiguos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por el delito de secuestro. Santos defendió el Acuerdo de Paz de 2016, contextualizando dichas sanciones como resultado de una negociación histórica entre el Estado y la guerrilla, tras más de cincuenta años de conflicto armado. Calificó el fallo judicial como un momento sin precedentes en Colombia, subrayando la importancia de que, por primera vez, responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad estén siendo sometidos formalmente a sanción, después de décadas de impunidad y violencia interna, según lo consignado en el artículo original.

En la misiva, el expresidente reconoció el sentimiento de frustración de amplios sectores ciudadanos ante la aparente "debilidad" de las penas impuestas, que contemplan ocho años de limitación de la libertad y la obligación de realizar trabajos restaurativos. No obstante, recalcó que la justicia transicional, en este caso la aplicada por la JEP, representa un pacto de Estado inquebrantable que privilegia el fin del conflicto. Santos argumentó que aunque las críticas sean legítimas, éstas no deberían opacar el mérito del proceso, ni desplazar el foco de las causas estructurales de la actual crisis de seguridad que vive el país.

El sistema de justicia transicional planteado por la JEP responde a modelos internacionales, adoptados para resolver conflictos violentos mediante mecanismos que equilibran la búsqueda de la verdad, la reparación a las víctimas y la prevención de la repetición. Un informe de International Crisis Group (2023) advierte que este tipo de justicia implica tensiones en la sociedad, pues enfrentan la urgencia de paz con el imperativo de sanción, fenómeno que se manifiesta en la reacción social colombiana luego de la resolución de la JEP.

Desde la mirada crítica, Santos identificó que el resurgimiento de grupos armados y la inseguridad tienen raíces en la deficiente implementación del Acuerdo de Paz, señalando obstáculos atribuidos al gobierno de Gustavo Petro. Analistas, como Catalina Díaz de la Universidad de los Andes, coincidieron en que la falta de consensos políticos y de cohesión social han dificultado la consolidación de los logros alcanzados, a pesar de su positivo reconocimiento internacional.

Los datos aportados por la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia destacan la entrega voluntaria de armas por parte de más de 13,000 excombatientes, un paso significativo en la reintegración y transformación de la guerrilla que fuera la más numerosa de América Latina. Este avance refuerza la tesis de Santos sobre la validez y la necesidad del camino negociador.

No obstante, la percepción pública sigue dividida. Según un estudio del Centro de Estudios en Paz y Conflicto (CEPC, 2025), cerca de un 45% de los colombianos considera que las sanciones judiciales impuestas a responsables de graves violaciones de derechos humanos son insuficientes, lo que refleja la complejidad de alcanzar tanto justicia como reconciliación. Santos exhortó a no distorsionar el sentido del proceso ni del fallo de la JEP, recordando que, aunque imperfecto o incompleto, envía una señal jurídica contra los líderes guerrilleros y establece un precedente en la lucha contra la violencia.

En síntesis, la postura del expresidente constituye una reflexión profunda sobre los logros y limitaciones del Acuerdo. Destaca la necesidad de avanzar en su implementación para consolidar la paz y evitar recaer en ciclos históricos de violencia. De acuerdo con expertos y el respaldo de organismos internacionales, el futuro democrático y estable del país sigue dependiendo de la realización efectiva de estos compromisos.

¿Qué implica exactamente una sanción restaurativa impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)? La pregunta sobre el significado de las sanciones restaurativas es pertinente dado el debate nacional sobre la suficiencia o no de estas penas. Según el modelo definido por la JEP y mencionado en los documentos oficiales, las sanciones restaurativas comprenden restricciones a la libertad de movimiento, la realización de actividades a favor de las víctimas y la obligación de contribuir a la verdad histórica, en vez de penas tradicionales de prisión. Estas medidas buscan reparar el daño causado y evitar la repetición de los hechos, priorizando la reconciliación nacional.

¿Por qué existe tanta polarización social frente al Acuerdo de Paz en Colombia? La polarización sobre el Acuerdo es relevante porque condiciona la viabilidad misma del modelo de justicia transicional en el país. Los datos del CEPC subrayan que aunque hay avances evidentes, una parte significativa de la sociedad percibe las medidas judiciales como insuficientes, lo cual responde en parte al dolor persistente de las víctimas y la desconfianza frente a los procesos políticos de reintegración. Esta división dificulta la consolidación de una paz sostenible y exige mayores esfuerzos de diálogo y educación al respecto.