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Para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el general (r) Miguel Maza Márquez no hizo aportes significativos a la verdad en el magnicidio ocurrido en 1989.
De acuerdo con la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP, Maza Márquez “incumplió de manera grave su obligación de hacer aportes significativos de verdad ante la JEP“.
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En un documento de 27 páginas, la JEP señala que Maza Márquez “no muestra ningún interés en entrar en un proceso restaurativo encaminado a satisfacer real y efectivamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, su caso debe devolverse a la jurisdicción ordinaria”.
Igualmente, añade que esa Sala “no aceptará el sometimiento voluntario a esta jurisdicción de Maza Márquez en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública respecto del delito de concierto para delinquir por el cual fue condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.
En noviembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia condenó a Maza Márquez a 30 años de prisión por la muerte de Luis Carlos Galán, al encontrarlo culpable por los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas en calidad de coautor.
Maza Márquez, exdirector del ya suprimido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta), firmó en 2018 un acta de sometimiento a la JEP, encargada de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, en la que solicitó su admisión ante ese tribunal y su “libertad transitoria inmediata”.
El asesinato de Galán ocurrió el 18 de agosto de 1989 cuando iba a participar en un evento público electoral en el municipio de Soacha, cercano a Bogotá.
El hecho fue atribuido a una alianza del Cartel de Medellín, dirigido por el narcotraficante Pablo Escobar, con algunos sectores políticos y agentes estatales contrarios a su cruzada por la ética en la política y en el servicio público.
Por otro lado, la JEP no descartó que Maza Márquez pueda ser procesado en el macrocaso 06, que investiga el exterminio que sufrió la Unión Patriótica (UP) entre los años ochenta y noventa, agrega la información de la JEP.
El genocidio contra el partido colombiano de izquierda UP, que costó la vida a dos candidatos presidenciales, dejó 5.733 víctimas, de las cuales 4.616 fueron asesinadas y 1.117 desaparecidas, según la JEP.
La JEP, la primera instancia judicial que da cifras sobre la magnitud del genocidio contra este partido surgido en 1985 tras el intento de un acuerdo de paz del entonces presidente colombiano Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC, aseguró que, de las víctimas, 5.195 eran militantes de la UP.
Las otras 538 víctimas no eran miembros, pero fueron asesinadas o desaparecidas en hechos de violencia dirigidos en contra ese partido político, según dijo en su momento la JEP.
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