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El Espectador conoció el informe de esta entidad en el que se reconoce la existencia de irregularidades en los millonarios contratos.
Dice el periódico que el informe que presentó la Procuraduría a la Comisión de Acusación del Congreso el 30 de noviembre de 2016 tiene, por primera vez, pruebas de las supuestas inconsistencias que existieron en la adjudicación a dedo de $ 4.276 millones en contratos para el procesamiento de información estadística a cargo de la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Service.
El concepto del procurador para la Vigilancia Administrativa Gustavo Adolfo Castro es que “le resultaba “absurdo, ilógico e irracional” que la Fiscalía pagara semejante dineral a una empresa particular que, además, utilizó información recolectada por el mismo ente acusador”, indicó El Espectador.
Y añadió que el informe de la Procuraduría advierte que la Fiscalía eliminó el requisito previo de exigir la idoneidad de la firma contratante para el cumplimiento del objeto del contrato y que tampoco se pudo “constatar quiénes integraron el equipo de la firma Springer para desarrollar las investigaciones con destino a la Fiscalía”.
“No se encuentra determinado las personas que conformaron el equipo designado, ni tampoco obran sus hojas de vida, ni se encuentra si a dicho personal se le realizaron pruebas para seleccionar los expertos”, explica el investigador en el documento conocido por El Espectador.
Para prolongar la cadena de posibles irregularidades el procurador cuestiona que las investigaciones de la firma de Springer no contemplaron un mecanismo que sirviera para “introducir los resultados de dichas ejecuciones contractuales a los procesos penales que adelanta la Unac (Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía)”.
El exfiscal Eduardo Montealegre protegió estos contratos bajo la figura de ‘reserva’ y esto ha impedido que las investigaciones avancen, por eso el procurador Castro admitió la imposibilidad de establecer si la empresa de Natalia Springer cumplió con el objeto de los contratos.
“No se puede verificar si los informes contenían formatos establecidos para la compilación y recolección de datos (…) ni evidenciar si los informes allegados tuvieron impacto en las necesidades de la Fiscalía, conforme las obligaciones pactadas”, detalló el periódico.
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