Valledupar: El dramático caso de Diana Salas y la lucha contra el feminicidio que sacude a Colombia

La situación que enfrenta Diana Marcela Salas Rodríguez, víctima de un intento de feminicidio en Valledupar, ha suscitado atención no solo por la gravedad de sus heridas, sino también por el trasfondo sistémico de violencia de género que representa. Diana Salas permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Erasmo, luego de haber recibido tres impactos de bala que, presuntamente, le fueron disparados por su pareja, el comerciante Eriberto Enrique Gutiérrez Díaz. En la actualidad, Gutiérrez Díaz enfrenta un proceso judicial por feminicidio en grado de tentativa, reflejando los desafíos sociales y judiciales a los que se enfrenta la sociedad colombiana ante estos hechos.

El médico intensivista Óscar Martínez detalló que la paciente, si bien ha logrado una estabilización hemodinámica parcial, sigue en condición crítica por lesiones que atravesaron la pelvis y generaron daños internos extensos, además de una fractura compleja en el fémur izquierdo. Esta situación médica ha requerido diversas intervenciones quirúrgicas y evidencia la gravedad de la violencia intrafamiliar armada. El riesgo de infecciones sigue latente y Diana permanece bajo sedación e intubación, con vigilancia médica continua desde su ingreso, según indicó el equipo tratante.

Este dramático caso destaca una crisis que va más allá del individuo y se inserta en un fenómeno mundial: la violencia de pareja y el feminicidio. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada tres mujeres experimenta violencia física o sexual, generalmente perpetrada por un compañero íntimo, fenómeno que se agrava en contextos donde la justicia es lenta y la violencia estructural persiste, como ocurre en Colombia. Datos emitidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reflejan que, solo en 2023, se reportaron más de 8,000 intentos de feminicidio en el país, cifras que documentan una preocupante impunidad.

El proceso judicial contra Gutiérrez Díaz, quien no aceptó los cargos y permanece privado de la libertad, ha puesto en evidencia la demora y obstáculos que suelen enfrentar estos casos en el sistema judicial colombiano. La audiencia de medida de aseguramiento fue suspendida, dando más tiempo a la defensa, lo que ilustra las dificultades para acelerar procesos relacionados con violencia de género en los estrados nacionales.

Desde la perspectiva social, la situación de Diana Salas subraya la relevancia de consolidar políticas públicas de prevención y atención integral para las víctimas. Organizaciones como ONU Mujeres insisten en la formación adecuada de funcionarios judiciales, personal de salud y policías para modificar las respuestas institucionales y disminuir la reincidencia en estos delitos. Además, el seguimiento médico intensivo a casos como el de Salas deja en claro cómo la recuperación abarca tanto componentes de salud física y mental, como del entorno familiar y social, aspectos fundamentales para la protección efectiva de las sobrevivientes.

En suma, la evolución del caso pone sobre la mesa la necesidad de una respuesta articulada y multidisciplinaria, que conjugue justicia, atención sanitaria y apoyo psicosocial, a fin de garantizar los derechos y la seguridad de las mujeres en Colombia. La cobertura responsable, apoyada en fuentes médicas, judiciales y estadísticas oficiales, contribuye decisivamente a visibilizar el problema y a exigir cambios eficaces tanto en la sociedad como en las instituciones estatales.

La medida de aseguramiento es una figura del sistema penal colombiano que restringe las libertades de un procesado mientras avanza la investigación o el juicio, con el propósito de proteger a la víctima, evitar la fuga y asegurar el normal desarrollo del proceso. En el caso de feminicidio en tentativa, como el de Diana Salas, la privación de la libertad del presunto agresor se justifica como mecanismo preventivo y de garantía de seguridad. Esta etapa reviste importancia porque define las condiciones bajo las cuales el acusado enfrentará el proceso, y frecuentemente es objeto de aplazamientos o debates técnicos por parte de la defensa y la Fiscalía.

El funcionamiento y la aplicación efectiva de la medida de aseguramiento han sido objeto de debate, especialmente en delitos de violencia de género, donde las víctimas enfrentan riesgos inmediatos y el sistema judicial está llamado a responder con diligencia. Diversas organizaciones de derechos humanos han señalado que los retrasos o la revictimización institucional tienen consecuencias perjudiciales para la protección de las mujeres en situación de riesgo.

La violencia de género genera impactos que trascienden la lesión física inmediata. La atención multidisciplinaria, que incluye medicina, psicología, trabajo social y asesoría legal, se considera esencial porque permite otorgar un apoyo integral a las víctimas, atendiendo las secuelas físicas, emocionales y sociales derivadas de la agresión. En el caso de Diana Salas, la complejidad de sus lesiones y la necesidad de vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos ilustran por qué la recuperación no depende únicamente de los procedimientos médicos, sino también del acompañamiento psicoemocional y judicial.

Numerosos estudios y recomendaciones de organismos internacionales, como ONU Mujeres, subrayan que la coordinación de estos equipos mejora los resultados en salud, la reintegración social de las víctimas y reduce la probabilidad de reincidencia. Asimismo, el acceso a estas redes de apoyo constituye una garantía fundamental para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres agredidas.