Cámaras de vigilancia en Manzanares: ¿solución real o reto para la seguridad y la privacidad ciudadana?

La reciente instalación de 14 cámaras de videovigilancia en Manzanares, Caldas, representa una nueva etapa para la gestión de la seguridad en este municipio, una acción respaldada por las autoridades locales y la Policía Nacional. El anuncio ha sido celebrado como un avance en la prevención del delito y el fortalecimiento del control urbano, una tendencia que ha cobrado fuerza en muchas regiones de Colombia. Sin embargo, el despliegue de estos sistemas tecnológicos merece ser analizado en profundidad, pues las experiencias recientes de otras localidades muestran que la videovigilancia dista de ser una panacea en materia de seguridad ciudadana.

Conforme a lo documentado por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), el crecimiento de la infraestructura de videovigilancia no ha producido, en todos los casos, una reducción paralela de los índices delictivos. Esto sugiere que, si no se acompaña de una estrategia más amplia, el recurso tecnológico puede carecer de impacto real. Medios como El Espectador han relatado cómo expertos señalan la necesidad de articular la videovigilancia con inteligencia policial y análisis de datos en tiempo real, enfatizando que la rapidez de respuesta y la coordinación interinstitucional resultan imprescindibles para que las cámaras contribuyan efectivamente a la prevención y resolución de delitos.

El contexto regional aporta matices relevantes. Manzanares, con una población cercana a los 20.000 habitantes, refleja una tendencia observada en la zona cafetera: de acuerdo con la Federación Colombiana de Municipios, más del 60% de los municipios del eje cafetero cuentan ya con sistemas de videovigilancia, aunque no todos han logrado integrarlos exitosamente en sus políticas de seguridad. En ciudades más grandes, como Pereira, experiencias positivas han sido posibles gracias a la combinación de herramientas tecnológicas con patrullaje inteligente y redes de alerta temprana, como evidencian reportes de la Policía Metropolitana. No obstante, en municipios más pequeños como Manzanares surgen desafíos adicionales, principalmente relacionados con la inversión que requieren la actualización y el mantenimiento de estos sistemas.

Más allá de la eficiencia operativa, la instalación de cámaras plantea inquietudes sobre derechos fundamentales. Organizaciones como Dejusticia han destacado el riesgo de afectar la privacidad de los ciudadanos si la recolección de imágenes no se ampara en normas claras y mecanismos de control efectivo. La Ley 1266 de 2008 regula el manejo de datos personales en Colombia, y aún persisten vacíos en la aplicación de esta normativa a la videovigilancia municipal, como advierte la Defensoría del Pueblo en su informe de 2024.

Frente a estos retos, especialistas entrevistados por La Patria recomiendan una gestión transparente y participativa de la videovigilancia. Sostienen que la capacitación de operadores y la vigilancia ciudadana sobre el uso de las imágenes son esenciales para garantizar la legitimidad de estas estrategias. Igualmente, plantean la importancia de combinar el control tecnológico con programas de prevención social, ya que la seguridad depende en igual medida del respeto a los derechos humanos y de la construcción de confianza entre la ciudadanía y las instituciones.

En síntesis, la llegada de las cámaras a Manzanares simboliza tanto una oportunidad como un punto de partida para un enfoque integral de seguridad, cuyo éxito dependerá de la sostenibilidad técnica, la colaboración intersectorial y la protección de los derechos ciudadanos.

¿Cómo se financian y mantienen estos sistemas de videovigilancia en municipios pequeños?

La sostenibilidad financiera de los sistemas de videovigilancia representa un desafío significativo para municipios con recursos limitados, como Manzanares. Según el panorama presentado por la Federación Colombiana de Municipios, los costos asociados no solo incluyen la adquisición inicial de las cámaras, sino también los gastos recurrentes de mantenimiento, actualización tecnológica y capacitación de personal. En muchos casos, los ayuntamientos deben buscar apoyo departamental o nacional, así como alianzas con entidades privadas, para asegurar el funcionamiento continuo.

Esta realidad exige una planificación presupuestal rigurosa y una calendarización de inversiones a largo plazo. De no garantizarse estos aspectos, existe el riesgo de que los sistemas instalados caigan en desuso o funcionen de manera intermitente, lo que debilita su impacto. Por ello, la financiación adecuada es tan relevante como la adquisición misma de la tecnología para lograr la efectividad de la videovigilancia como herramienta de política pública.

¿Qué significa la Ley 1266 de 2008 y cómo se aplica en la videovigilancia?

La Ley 1266 de 2008 es la normativa colombiana que regula el manejo y protección de los datos personales de los ciudadanos, lo que incluye los registros visuales captados por cámaras públicas. Esta ley establece los principios y obligaciones que deben respetar las entidades que recolectan y almacenan información, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales a la privacidad y la protección de datos.

No obstante, varios informes, incluida la revisión de la Defensoría del Pueblo, señalan que la aplicación de esta normativa en el contexto de la videovigilancia municipal presenta ambigüedades. En la práctica, muchas veces no existen protocolos claros sobre el uso de las imágenes, los tiempos de almacenamiento y los mecanismos de control ciudadano. Esta situación genera preocupación sobre posibles abusos o filtraciones, haciendo imperativo el desarrollo de marcos regulatorios más específicos y adaptados a la realidad local.