Petro sentencia a usuarios de Sanitas y se va contra dueño de Keralty: "Es un criminal"

Durante la alocución de este 15 de julio, el presidente Gustavo Petro lanzó duras acusaciones contra el conglomerado español Keralty, propietario de la EPS Sanitas.

El mandatario afirmó que “el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y tiene que irse”, aludiendo a supuestas irregularidades en la financiación de campañas políticas con recursos provenientes del exterior, una práctica expresamente prohibida por la legislación colombiana.

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Durante su alocución, Petro advirtió que llevará el caso a instancias diplomáticas si es necesario. El presidente declaró estar dispuesto a hablar “con el rey de España o con el que sea”, con el objetivo de lograr la salida de Keralty del país. Esta declaración se da en medio de una creciente tensión entre el Gobierno y las EPS, particularmente Sanitas, Sura y Compensar, que han expresado dificultades financieras y la posibilidad de abandonar el sistema de salud colombiano.

La salida de Sanitas tendría implicaciones significativas: más de cinco millones de usuarios tendrían que ser reubicados, lo que representaría un reto logístico considerable y una posible desestabilización del sistema de salud. El Gobierno sostiene que algunas EPS priorizan el lucro sobre el bienestar de los usuarios, una crítica recurrente del presidente hacia el modelo actual.

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Petro pide que investiguen a Keralty en España

Estas declaraciones no fueron las primeras. Cabe recordar que el pasado 6 de julio, Petro ya había acusado públicamente a Keralty, a través de su cuenta de X, de haber financiado campañas políticas de forma ilegal. En ese mensaje, denunció que la empresa actuaba con impunidad y que “compra la política” en Colombia, evadiendo el control de jueces y fiscales.

El presidente sugirió que el poder de Keralty va más allá del ámbito financiero y los responsabilizó por bloquear el avance de la reforma a la salud propuesta por su administración, perjudicando a millones de colombianos. Además, solicitó que se investigue a la empresa en instancias internacionales, incluyendo la justicia de España y de la Unión Europea.