Gobierno y Clan del Golfo acuerdan en Doha acciones inéditas por la paz en Antioquia y Chocó

En Doha, capital de Catar, el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo, la principal organización criminal surgida tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), suscribieron una declaración conjunta que podría marcar un hito en la búsqueda de la paz y la desmovilización de estructuras armadas en regiones históricamente asoladas por el conflicto. Según el reporte original, tanto el jefe de la delegación estatal, Álvaro Jiménez, como el representante del Clan, Luis Armando Pérez, acordaron emprender acciones piloto para fortalecer la confianza y promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en zonas estratégicas del noroccidente del país, específicamente en Mutatá (Antioquia) y los municipios chocoanos de Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, todos ellos marcados por una fuerte presencia de este grupo armado.

Este avance se inscribe en el marco de la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro desde 2022. Los expertos citados por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y los informes de la MAPP-OEA (Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos) subrayan que la participación ciudadana y la provisión de vías lícitas de subsistencia son claves para romper los ciclos de violencia vinculados al narcotráfico. Así, la estrategia gubernamental va más allá del uso de la fuerza, apostando por la presencia institucional y la generación de alternativas económicas en territorios donde el Estado históricamente ha sido débil.

El Clan del Golfo asumió compromisos inéditos: respetar los derechos de niños y adolescentes, cumplir con el Derecho Internacional Humanitario y abstenerse de interferir en las elecciones nacionales previstas para 2026. Estos puntos resultan esenciales, considerando que, en opinión de la MAPP-OEA, los procesos electorales han sido blanco de manipulación para preservar el control territorial y la impunidad de los grupos armados. El Gobierno, por su lado, reconoció la postura del Clan frente a su categorización legal, pues esta organización rechaza etiquetas como “paramilitar” o “neo-paramilitar”, una cuestión sensible dada la historia de violaciones de derechos humanos perpetradas por las AUC que complica la reconciliación, de acuerdo con expertos citados de la Universidad de los Andes.

El acuerdo también establece la participación de veedores internacionales: el gobierno de Catar, la MAPP-OEA y la Conferencia Episcopal de Colombia. Esta presencia de actores externos busca aportar transparencia y generar garantías, una estrategia que demostró su viabilidad en la implementación de acuerdos previos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tal como lo documenta la Comisión de la Verdad de Colombia.

Antioquia y Chocó, las regiones elegidas para las primeras acciones, presentan condiciones de pobreza, desplazamiento forzado y una alta densidad de cultivos ilícitos, según datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Expertos en seguridad de la Universidad Nacional de Colombia advierten que existen múltiples riesgos inherentes a acuerdos con organizaciones que, como el Clan del Golfo, surgen en contextos de desmovilización paramilitar, pues persiste la cooptación de programas por redes ilegales y una débil capacidad institucional. Por eso, la supervisión independiente y la participación comunitaria aparecen como condiciones críticas para consolidar resultados.

El éxito de esta experiencia piloto podría abrir la puerta a otros procesos similares en Colombia, pero su sostenibilidad dependerá de la construcción de confianza, el fortalecimiento de derechos y la vigilancia constante, todos aspectos claves para evitar la repetición de los errores del pasado. El proceso demandará, además, un acompañamiento internacional sostenido y una apuesta decidida por el desarrollo social en los territorios más afectados.

¿Por qué es importante la participación internacional en este tipo de acuerdos?
La intervención de actores externos, como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), el gobierno de Catar y la Conferencia Episcopal de Colombia, añade legitimidad y confianza al proceso, ya que contribuyen al monitoreo neutro y transparente de los compromisos adquiridos. En experiencias previas de paz en Colombia, la presencia internacional ha facilitado la resolución de controversias y fortalece la percepción de imparcialidad, indispensable en contextos donde la desconfianza entre los actores nacionales es profunda. Además, los acompañantes internacionales sirven como garantes y pueden alertar a la comunidad internacional sobre riesgos de incumplimiento, lo cual motiva la continuidad del diálogo y el respeto a los acuerdos en curso.

¿Qué implica la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos?
La sustitución involucra que comunidades productoras de cultivos como la coca acuerden con las autoridades cambiar estas actividades por otras legales, recibiendo apoyo técnico, inversiones productivas y alternativas de ingresos sostenibles. Según los estudios consultados, para que esta transformación sea exitosa debe contemplar una planeación conjunta con las comunidades, asistencia estatal constante y garantías de seguridad. Cuando la sustitución es genuina y participativa, no solo contribuye a reducir la economía ilegal, sino que también sienta las bases para la integración social, el desarrollo rural y la superación de la pobreza en regiones históricamente olvidadas por el Estado.