Frente 36: el grupo que redefine el conflicto en Colombia con alianzas, violencia y control del oro

El frente 36 de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocido formalmente como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), ha emergido como un actor decisivo en el noroccidente de Colombia bajo el liderazgo de Calarcá. Aunque actualmente su número de combatientes ronda los 250, su influencia en la región se manifiesta a través de acciones de violencia y constantes intentos por expandir su control territorial, lo que ha modificado sustancialmente la dinámica del conflicto armado. Este fenómeno, documentado en informes de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y otras fuentes reconocidas, ha generado repercusiones políticas, sociales y ha impactado directamente sobre las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y los grupos insurgentes.

Tras el acuerdo de paz de 2016, el EMBF se consolidó a partir de excombatientes y milicianos que evitaron el proceso de desmovilización. Su arraigo histórico en el nordeste de Antioquia y los esfuerzos por controlar corredores estratégicos, como los que conectan al Bajo Cauca y el sur de Bolívar, les ha permitido incidir en zonas fértiles para economías ilegales como la producción de coca y la minería artesanal de oro. Este control, según la FIP, se da en medio de tensiones con otras fuerzas armadas ilegales, especialmente el Clan del Golfo, que compiten por los mismos territorios y recursos, haciendo del escenario un terreno de alianzas y confrontaciones complejas.

A diferencia de la visión dominante que presenta a las disidencias como actores desconectados y puramente violentos, expertos como Gerson Arias, investigador de la FIP, destacan la habilidad del frente 36 para forjar alianzas tácticas. Destaca la coordinación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con la que buscan frenar el avance paramilitar del Clan del Golfo en la región. Esta colaboración, respaldada también por testimonios ciudadanos, ha redefinido la configuración del conflicto, evidenciando comportamientos estratégicos más allá de la mera rivalidad armada tradicional.

Uno de los episodios más significativos fue el ataque con drones y explosivos a un helicóptero militar en Amalfi, que cobró la vida de 13 policías y fue reivindicado públicamente por el ELN, aunque expertos atribuyen la participación directa del frente 36. Este hecho no solo simboliza un aumento de la agresividad armada, sino un intento de cambiar el equilibrio de fuerzas en la zona y presionar al gobierno, bloqueando militarmente al Clan del Golfo.

La intensificación de la violencia ha producido desplazamientos masivos en municipios como Arenal y Santa Rosa, donde más de 7.000 habitantes se encontraron confinados y cientos se vieron forzados a huir por temor a la inseguridad. Reportes de medios y entidades especializadas coinciden en que la pugna por el dominio de economías ilegales, principalmente el oro, sostiene y financia a las principales estructuras armadas en esta región del sur de Bolívar, agravando la vulnerabilidad social y los niveles de violencia.

En el contexto del actual proceso de paz, la mesa de diálogo encabezada por Calarcá enfrenta serias dificultades. Los ataques continuos minan la confianza en las negociaciones y siembran dudas sobre el poder de Calarcá para controlar a sus facciones, sugiriendo que el frente 36 podría tener una autonomía operativa considerable. Según investigadores en paz y seguridad, la persistencia de las acciones violentas corre el riesgo de debilitar el liderazgo de Calarcá, además de poner en vilo la misma viabilidad y avance del proceso, que actualmente se encuentra estancado.

Estudios del Instituto Kroc para la Paz y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) resaltan que la fragmentación de los actores armados y el manejo territorial de las economías ilícitas perpetúan ciclos de violencia, dificultan la reconciliación social e incrementan fenómenos como el desplazamiento forzado y las violaciones a derechos humanos. Así, el caso del frente 36 ilustra la dificultad del Estado colombiano para ofrecer respuestas integrales que combinen acción militar, soluciones políticas y atención social, en medio de la urgente necesidad de construir una paz sostenible para la región.

¿Qué diferencia a la disidencia del frente 36 de otros grupos armados en Colombia?

Esta pregunta cobra relevancia, ya que dentro del panorama del conflicto colombiano existen múltiples facciones armadas, pero no todas actúan con la misma lógica ni bajo las mismas dinámicas. El caso del frente 36 se distingue por su adaptación tras la firma del acuerdo de paz de 2016 y por su capacidad para negociar alianzas tácticas incluso con antiguos grupos rivales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), para enfrentar amenazas compartidas como las que representan actores paramilitares.

El recurso a colaboraciones estratégicas, sumado a su énfasis en el control de corredores para economías ilegales, les otorga un peso diferencial frente a otros grupos disidentes o tradicionales. Comprender estas diferencias contribuye a dimensionar la complejidad de los retos que enfrenta el Estado en los intentos de desescalar el conflicto e impulsar iniciativas de paz verdaderamente inclusivas y eficaces.

¿Por qué la mesa de diálogo con grupos disidentes enfrenta tantos obstáculos?

Los retos para el diálogo de paz con organizaciones armadas disidentes como el EMBF derivan de la fragmentación posacuerdo y la autonomía operativa de las diversas facciones. La persistencia de hechos violentos, como los ataques documentados y la disputa por el control territorial, minan la confianza y credibilidad en el proceso, además de dificultar el establecimiento de puntos en común entre el Estado y los distintos mandos de la disidencia.

La dificultad para asegurar una representación legítima y unificada, sumada a los intereses divergentes de cada estructura, convierte la negociación en un campo lleno de desafíos donde los avances pueden verse fácilmente entorpecidos por incidentes armados o por la falta de garantías sobre el cumplimiento de acuerdos, tal como lo reflejan los análisis de la Fundación Ideas para la Paz y otros observadores del proceso.