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Una carta de la subsecretaria de Asuntos Legislativos del Departamento de Estado, Mary Elizabeth Taylor, certifica que Colombia ha hecho avances en la materia.
En el criterio de la funcionaria, la certificación en derechos humanos se debe a que el país cumplió con tres criterios, informó CM&. El primero sería que “la JEP y la justicia colombiana tomaron decisiones adecuadas para enjuiciar a responsables de violaciones a los derechos humanos”, indica ese noticiero.
En segundo lugar, prosigue, en Estados Unidos se sienten conformes con las “acciones necesarias para reducir ataques a defensores de derechos humanos” tomadas por el Gobierno.
Y finalmente, Taylor consideró que Colombia sí ha estado “enjuiciando y removiendo de cargos a altos militares responsables de ejecuciones extrajudiciales”, agrega ese medio.
El cumplimiento de estos requisitos, que se dio por cumplido con la carta de la funcionaria al congreso estadounidense, tenía como objetivo la entrega de 20 millones de dólares para las Fuerzas Armadas, concluye CM&.
No obstante, de momento no se ha revelado en qué se basó la oficina de Asuntos Legislativos para certificar tales avances. Por ejemplo, para el primer requisito la justicia especial ha hecho algunos avances y anuncios breves respecto a responsables de violaciones a derechos, pero se contradice en la medida en que algunos sectores e incluso el Centro Democrático siguen insistiendo en que hay impunidad para algunos de ellos.
Sobre los ataques a defensores de derechos, las cifras oficiales aseguran que ha habido una reducción en los ataques a líderes sociales, lo que no oculta que estas amenazas sigan siendo muy numerosas y constantes. Además, a este fenómeno comienza a unirse la escalada de violencia electoral experimentada en los últimos días.
Inclusive en el tercer punto, aunque el Gobierno ha relevado a algunos de los señalados por ‘falsos positivos’, sigue mostrando amplios vacíos por otro lado. Por ejemplo, poco y nada parece haber tenido una revelación de gravedad como la del New York Times sobre presuntas directivas en el Ejército para aumentar sus resultados, haciendo resurgir posibles patrones de asesinatos sospechosos y hasta alianzas con bandas criminales.
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