De la Espriella cumple 100 días y su promesa de salvar la salud choca con una realidad: no hay plata

El presidente completa 100 días con avances en diálogo y atención a pacientes, pero persisten dudas por la financiación y las deudas del sistema de salud.

Los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella han estado marcados por un cambio en la relación entre el Ejecutivo y los actores del sistema de salud, así como por el anuncio de medidas para atender los problemas más urgentes de los pacientes.

Sin embargo, el principal desafío sigue sin resolverse: conseguir los recursos necesarios para estabilizar el sistema, pagar las deudas acumuladas y garantizar la continuidad de los tratamientos.

Uno de los cambios que destacan los representantes del sector es la recuperación de los espacios de diálogo. La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) explicó a Pulzo que ve una buena disposición del Gobierno para trabajar con EPS, IPS, hospitales y empresas farmacéuticas, y considera positivo el lanzamiento de un Tablero Público de Avances del Plan de Choque en Salud, que permite hacer seguimiento a los compromisos y conocer los resultados de las intervenciones.

No obstante, advierte que la apertura institucional debe convertirse en soluciones concretas para los pacientes.

La preocupación central es financiera. De la Espriella llegó al poder con la promesa de destinar $ 10 billones para estabilizar el sistema durante sus primeros 90 días.

El plan contemplaba $ 4 billones para nóminas y deudas hospitalarias, $ 3 billones para medicamentos, $ 2 billones para pacientes de alto costo y $ 1 billón para fortalecer entidades como el Invima y el Iets. Sin embargo, esa financiación no se materializó en los términos anunciados.

En su lugar, el Gobierno puso en marcha un plan de choque con un mecanismo de créditos por $ 500.000 millones de la Adres, que las EPS deben devolver.

De acuerdo con la información oficial, de los recursos solicitados se asignaron $ 372.000 millones mediante traslados presupuestales del Ministerio de Salud. Sin embargo, todavía no se ha realizado el primer giro a las EPS, por lo que los avances iniciales han sido financiados con recursos propios de aseguradores y prestadores.

La estrategia busca resolver los pendientes de más de un millón de pacientes, entre ellos personas con cáncer, enfermedades huérfanas, VIH, problemas renales y otras condiciones que requieren atención prioritaria.

Al 3 de noviembre, el Gobierno reportaba que el 31 % de los casos identificados había cerrado sus pendientes: el 51 % en entrega de medicamentos y apenas el 23 % en tratamientos y procedimientos. Esto muestra que hay avances operativos, pero también que la solución todavía está lejos de cubrir la totalidad de las necesidades.

El balance operativo también tiene limitaciones importantes. El mecanismo anunciado no representa una inyección de recursos frescos para todo el sistema, sino una herramienta de liquidez dirigida a resolver casos represados.

La dimensión del problema es considerable: 232 hospitales reportaban deudas por $ 27 billones a junio de 2026. Por eso, diferentes representantes del sector consideran que los $ 500.000 millones son insuficientes frente a las obligaciones acumuladas y las necesidades de atención de aproximadamente 55 millones de personas.

El segundo gran frente de preocupación es el presupuesto de 2027. El Ministerio de Salud había solicitado cerca de $ 14 billones adicionales para financiar adecuadamente el aseguramiento y ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pero finalmente solo se incorporaron $ 2 billones adicionales en la versión del presupuesto que terminó decretando el Gobierno.

El monto representa un aumento del 4 % frente a 2026, inferior a la inflación. La discusión es especialmente relevante porque la Corte Constitucional ordenó calcular la UPC de acuerdo con las necesidades reales de atención y no simplemente con los recursos disponibles. La ministra Ana María Vesga anticipó que el ajuste requerido podría ubicarse entre el 12 % y el 13 %, aunque todavía está pendiente el cálculo definitivo.

Ante estas dificultades, el Ejecutivo apuesta por la Ley de Rescate Fiscal como una de las principales fuentes de financiación para los próximos años. La iniciativa contempla cambios en las cotizaciones de trabajadores e independientes, modificaciones a las exoneraciones de aportes empresariales, recursos de las cajas de compensación e impuestos al licor, el tabaco y las bebidas azucaradas.

También propone gravar con IVA la medicina prepagada. El Gobierno calcula que estas medidas permitirían aportar cerca de $ 30 billones al sistema durante cuatro años, aunque existen cuestionamientos sobre cuánto dinero nuevo llegaría realmente a la salud y cuánto sustituiría recursos que actualmente aporta la Nación.

Por su parte, Afidro plantea alternativas con un potencial superior a $ 5 billones, entre ellas destinar a salud el recaudo de los impuestos saludables, aprovechar excedentes disponibles y estudiar mecanismos relacionados con apuestas en línea, videojuegos y bonos de impacto social.

La organización aclara que son propuestas que requieren evaluación y ajustes normativos, no recursos garantizados ni de disponibilidad inmediata.

Más allá del dinero, el Gobierno también tiene pendiente una reorganización estructural del sistema. Entre las propuestas que prepara el Ministerio aparecen una nueva ley para reorganizar las EPS, el ordenamiento de las deudas, una mayor eficiencia del gasto y el fortalecimiento de la atención en las regiones mediante servicios primarios, telesalud, telemedicina y redes hospitalarias.

Estos cambios se incorporarían a las bases del Plan Nacional de Desarrollo que se presentaría en febrero de 2027.

Otro asunto relevante es el fortalecimiento del Invima. Afidro insiste en reducir los tiempos de aprobación de medicamentos, resolver trámites represados y aprovechar las evaluaciones de autoridades regulatorias internacionales para facilitar el acceso a nuevos tratamientos.

También advierte que Colombia necesita estabilidad financiera, seguridad jurídica y reglas claras para atraer inversión farmacéutica e investigación clínica. En 2025, las compañías afiliadas a Afidro patrocinaban 321 de los 418 protocolos de investigación activos en el país.

Los primeros 100 días de De la Espriella muestran una nueva disposición al diálogo, una estrategia para descongestionar la atención y algunos avances en la identificación y resolución de casos pendientes. Sin embargo, todavía existe una distancia importante entre las promesas de campaña y los recursos efectivamente disponibles. El principal interrogante es cómo financiar la recuperación del sistema sin trasladar mayores cargas a los pacientes y trabajadores ni dejar desprotegidos a los hospitales y prestadores.

El Gobierno tiene por delante tres retos: conseguir financiación suficiente, cumplir las órdenes sobre la UPC y convertir los anuncios de reorganización en resultados verificables. Por ahora, la crisis de salud continúa y su evolución dependerá, en buena medida, de que los compromisos institucionales se traduzcan en medicamentos entregados, tratamientos continuos y atención oportuna.