Descertificación de Colombia: Gaviria culpa a Petro y alerta sobre debilitamiento estatal y pacto con mafias

El expresidente colombiano César Gaviria difundió un documento en el que atribuye al presidente Gustavo Petro la responsabilidad exclusiva sobre la reciente descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas por parte de Estados Unidos. Según Gaviria, esta decisión internacional representa un claro fracaso de la actual política antidrogas y alerta sobre el grave riesgo que implica para la seguridad nacional. Además, advierte que un supuesto “Pacto de la Picota” entre el Gobierno y estructuras criminales estaría debilitando la autoridad estatal, mientras las Fuerzas Armadas y la Policía pierden capacidad para enfrentar a mafias, las cuales, según su análisis, extienden su control territorial e innovan con la producción de drogas sintéticas como las anfetaminas en laboratorios farmacéuticos.

A pesar de que el Gobierno de Estados Unidos reconoció esfuerzos institucionales en Colombia y evitó sanciones directas, otorgando un waiver (exención temporal) para no afectar la cooperación bilateral, la descertificación se traduce, para Gaviria, en una fuerte señal de advertencia internacional y de desaprobación sobre el rumbo actual. Cuestiona además la respuesta del presidente Petro, quien comentó que considerarían dejar de adquirir armas estadounidenses y prescindir de la ayuda militar de ese país. Gaviria enfatiza que este giro podría dejar a Colombia aún más vulnerable frente a grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Clan del Golfo.

Desde el Gobierno, tanto Petro como la vicepresidenta Francia Márquez han rechazado la visión de la oposición y califican la descertificación como un acto político. Márquez resaltó que el enfoque hegemónico antidrogas, heredado de administraciones anteriores, históricamente ha perjudicado a las comunidades afrodescendientes al perpetuar cultivos ilícitos y la exclusión social e institucional.

Expertos y entidades internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), revelan que Colombia alcanzó en 2024 una cifra récord de más de 253.000 hectáreas sembradas con coca, superando los registros de las dos últimas décadas. Este fenómeno evidencia la persistencia de desafíos estructurales, pues las estrategias de erradicación manual, fumigación y sustitución no han logrado revertir el aumento de cultivos ilegales.

Análisis del International Crisis Group subraya que el problema está profundamente entrelazado con la desigualdad rural y la debilidad institucional, por lo que insiste en la necesidad de programas robustos de desarrollo rural y fortalecimiento del Estado, en lugar de depender sólo de acciones policiales o militares. Asimismo, el Observatorio de Drogas de Colombia enfatiza que las negociaciones de paz deben evitar que el Estado pierda soberanía frente a narcodelincuentes que intentan infiltrarse bajo la cobertura del proceso de paz.

En su dimensión histórica y regional, Colombia mantiene desde los años ochenta un rol central en el tráfico mundial de cocaína. Sin embargo, el aumento productivo en países vecinos como Perú y Bolivia, y la sofisticación de laboratorios clandestinos para drogas de síntesis, demandan respuestas multilaterales adaptativas y cooperación internacional.

Finalmente, fuentes de renombre internacional como Reuters y The Guardian coinciden en que la descertificación excede el plano técnico: implica una herramienta diplomática con profundo impacto interno y afecta la relación entre Colombia y Estados Unidos durante el mandato de Joe Biden, en un marco global donde convergen variables como el cambio climático, los derechos humanos y la geopolítica.

Así, la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas evidencia la urgencia de repensar el modelo vigente, abriendo un debate crucial sobre la viabilidad del enfoque actual, el equilibrio entre seguridad y justicia social, y la necesidad de consensos amplios y cooperación internacional para abordar el fenómeno con una perspectiva integral.

¿Qué significa la descertificación en la lucha antidrogas? La pregunta resulta relevante porque la descertificación marca una evaluación negativa oficial de la estrategia antidrogas en un país determinado, en este caso Colombia, a juicio del Gobierno de los Estados Unidos. Implica mayor vigilancia internacional y puede conllevar restricciones en cooperación política, económica y militar si se profundizan los desacuerdos, constituyendo no sólo un hecho técnico sino también un mensaje diplomático y político con consecuencias internas y externas. Entender su significado es crucial para valorar las implicaciones en términos de relaciones bilaterales, soberanía y políticas internas frente al narcotráfico.

Además, la noción de descertificación suele aparecer en contextos donde se cuestiona si los esfuerzos gubernamentales son suficientes o si existen compromisos reales con la erradicación y persecución del crimen organizado vinculado a las drogas. Clarificar el alcance y las consecuencias de este término ayuda a dimensionar el desafío político al que se enfrenta el país y la necesidad de adaptaciones estratégicas.

¿Por qué el “Pacto de la Picota” es controvertido en la política colombiana? El llamado “Pacto de la Picota” alude a presuntas alianzas tácitas entre miembros del Gobierno colombiano y grupos criminales encarcelados en la cárcel La Picota, según denuncias opositoras encabezadas por César Gaviria. Este término concentra un debate álgido porque sugiere cesiones inaceptables del Estado frente a estructuras mafiosas y pone en duda el compromiso gubernamental con la legalidad y la transparencia en los procesos de paz y negociación.

Su mención ha polarizado el discurso político y esgrimido como argumento para denunciar un supuesto debilitamiento institucional, que según los críticos, permite a los grupos criminales obtener ventajas en nombre de la reconciliación. Para la opinión pública y las autoridades, la aclaración sobre la existencia o los alcances reales de ese “pacto” es fundamental para evaluar la legitimidad de las políticas de seguridad, las negociaciones de paz y la confianza ciudadana en las instituciones.