A fiscal Camargo le cayó problemón por escándalo de UNP: deberá responder en el Congreso

Nación
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La jefa del ente acusador, Luz Adriana Camargo, tendrá que responder ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

La fiscal General de Colombia enfrenta una denuncia por el controvertido episodio de retención y posterior liberación de varios cabecillas de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc. Estos cabecillas fueron interceptados mientras se movilizaban en una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en vías de Antioquia.

(Lea también: Dejan libres a algunos disidentes capturados en carros de la UNP; decisión causó molestia)

La denuncia fue interpuesta por Santiago Suárez Morales y conocida por El Colombiano, aliado de Pulzo. En el documento, se acusa a la fiscal Camargo de violar varios principios de la Constitución Política y artículos del Código de Procedimiento Penal al permitir la libertad de tres de los siete detenidos durante el operativo, realizado el pasado martes en el municipio de Cisneros, nordeste de Antioquia.

Durante el operativo, fueron capturados Édgar de Jesús Orrego Arango, alias ‘Leo’ o ‘Firu’, cabecilla del frente 36 de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), así como alias Érika Castro y alias Boyaco. Sin embargo, la fiscalía liberó a algunos de los detenidos debido a su rol como negociadores de paz en los diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro.

“Esta acción ha generado profunda preocupación y controversia debido a las implicaciones legales y constitucionales que conlleva”, señala la denuncia. Según el ente investigador, tres de los detenidos fueron liberados tras la suspensión de las órdenes de captura solicitadas por el Gobierno Nacional, en calidad de integrantes de la mesa de negociaciones de paz con esa organización armada ilegal.

La denuncia sostiene que la actuación de la fiscal General contraviene el principio de legalidad, ya que los cabecillas fueron capturados en flagrancia, lo cual permite la detención inmediata y la continuación del proceso penal. Además, se alega que se violó el derecho a la seguridad jurídica y que hubo una contravención del interés público y la función pública.

“Solicitar la liberación de cabecillas de las Farc capturados en flagrancia contradice este deber, puesto que compromete la efectividad de la acción penal y la seguridad ciudadana. Esta actuación pone en duda la imparcialidad de la fiscal General y socava la confianza pública en la administración de justicia”, reza la denuncia.

Durante el operativo, se encontraron en los vehículos interceptados 60 millones de pesos en efectivo, computadoras, memorias USB, celulares, oro y armamento. El director de la UNP, Augusto Rodríguez, criticó la falta de control sobre quienes abordaban los vehículos y los objetos transportados.

(Vea después: Disidentes capturados en carros de la UNP dejan expuestos al Gobierno: ¿hacen lo quieren?)

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el hallazgo de oro, dinero y armamento en los vehículos y expresó su preocupación sobre la posibilidad de que también se transportara droga.

El Ejército interceptó la caravana de vehículos de alta gama en la vereda Porcesito, de Cisneros, a las 5:00 de la mañana del martes 23 de julio. Tras más de ocho horas de retención, los disidentes fueron escoltados hasta el batallón Pedro Nel Ospina, donde finalmente se dio la detención de dos de ellos, quienes tenían orden de captura vigente.

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