Demandas por abuso de autoridad de Policía suman más de $ 800.000 millones

En total son 645 denuncias que se han presentado contra la Policía Nacional, por supuestos excesos de autoridad en procedimientos, dijo CM&, citando el informe del Gobierno.

Esa cantidad de acusaciones, agregó el medio, tienen unas pretensiones económicas que suman 822.283 millones de pesos.

El Ministerio de Defensa, por su parte, tiene 81 denuncias por abuso de autoridad, asegura el noticiero, por las que se exigen 203.277 millones de pesos, en total. 

La denuncia que más se hace, según el informativo, está relacionada con lesiones a civiles en procedimientos policiales. Por esos casos hay 277 procesos por 246.000 millones de pesos.

Le siguen, con 117 procesos, las acusaciones por lesiones provocadas por uso excesivo de la fuerza; suman 118.000 millones de pesos, señala el medio.

Por lesiones con armas de dotación hay 76 denuncias, asevera el informativo, que comprometen 103.000 millones de pesos.

También hay 53 procesos por muertes de civiles en procedimientos de la Policía (por 102.000 millones de pesos) y 24, por daños que quedaron por exceso de fuerza (300 millones de pesos).

El abuso de la autoridad se volvió tema principal del país, luego de la muerte de Javier Ordóñez, víctima de excesos de dos policías.

Después de conocerse ese caso, varias personas empezaron a denunciar que fueron víctimas de uniformados. La Alcaldía de Bogotá recolectó 119 quejas contra agentes, y la Procuraduría se comprometió a investigar.

No obstante, los mismos policías le han pedido a la ciudadanía considerar que no todos los uniformados cometen irregularidades, y respetar la vida de ellos, teniendo en cuenta las agresiones de las que muchos fueron víctimas en protestas.

En ese sentido el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, también se pronunció en la Cámara de Representantes:

“Es fundamental que los colombianos tengan claro que la Policía no es un cuerpo de bárbaros sin normas; es una institución que ha ido adoptando normas en el propósito que sus reglamentos tengan el aval de organizaciones internacionales”.