Para Consejo de Estado, Gustavo Petro no causó pánico o zozobra, y le mantiene investidura

El Consejo de Estado respondió una demanda interpuesta por el abogado José Abuchaibe contra el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, y resolvió que el político no causó ni “pánico” ni “zozobra” al haber opinado que, debido a la “ñeñepolítica”, el actual presidente, Iván Duque, le ganó las elecciones, o al haber llamado a la desobediencia civil en medio del paro nacional.

Abuchaibe, que ya había perdido en primera instancia el 26 de febrero pasado, sostenía que Petro, al referirse a la “ñeñepolítica”, había “utilizado su dignidad parlamentaria, su reconocimiento e importancia social e institucional, para influir sobre la comunidad, crear pánico, zozobra”.

“¿Puede un senador de la República de Colombia irrespetar a las autoridades legítimamente constituidas como lo son el presidente, fiscal, registrador y alcalde de Bogotá, declarando no reconocer legitimidad en el presidente Duque por haber sido elegido por el narcotráfico y solicitando a la comunidad desobediencia civil y dejar de pagar los servicios públicos?”, preguntó Abuchaibe en su demanda.

La respuesta de la Sala Plena del Consejo de Estado fue clara: “La opinión del senador Petro Urrego, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, constituye un genuino discurso político que tiene su génesis en circunstancias que aprovecharía cualquier grupo de oposición para fomentar un debate y una discusión pública nacional que redunde en el robustecimiento de su colectividad política”.

Pero eso no fue todo. Para el Consejo de Estado, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por parte de Petro “a la luz del principio democrático y de los derechos políticos de raigambre constitucional, es una finalidad perfectamente lícita”.

El alto tribunal también recordó que la libertad de expresión goza de especial protección, pues está fundamentada en la búsqueda de la verdad y el funcionamiento de la democracia. “Los discursos de contenido ideológico, lejos de constituir una amenaza para la población, alientan el debate político y crean un escenario donde la deliberación está protegida”, precisó el Consejo de Estado.